José Luis Parra
El problema para Andy López Beltrán ya no es lo que dicen sus adversarios.
Es lo que dicen los amigos de sus amigos.
Y vaya amigos.
Audios filtrados, declaraciones de testigos ante la Fiscalía General de la República y documentos decomisados por autoridades estadounidenses empiezan a formar un rompecabezas incómodo alrededor del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Una pieza puede ser casualidad.
Dos, mala suerte.
Pero cuando aparecen balasto, huachicol, aduanas, buques, empresas importadoras, operadores cercanos y personajes vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, la casualidad empieza a necesitar abogado.
Y uno bueno.
Porque Jorge Amílcar Olán Aparicio no aparece precisamente como un desconocido que alguna vez coincidió con los hermanos López Beltrán en la fila de un aeropuerto.
Los audios difundidos lo colocan hablando de negocios, instrucciones y relaciones con personajes del bajo mundo.
Muy bajo.
Su hermano Luis Alberto presumía conocer al Tanque, Iván Cazarín Molina, identificado por autoridades estadounidenses como operador del CJNG en Veracruz.
“Yo me llevo con el Tanque”, decía.
Así, tranquilamente.
Como quien presume amistad con el gerente del banco.
El asunto sería únicamente policiaco si los Olán no aparecieran también vinculados con negocios relacionados con el Tren Maya y el Tren Interoceánico.
Pero aparecen.
Y allí entra Gonzalo, Bobby López Beltrán.
Según las grabaciones, Amílcar Olán aseguró haber recibido una instrucción directa de Bobby para producir 500 mil metros cúbicos de balasto.
¿Cómo le vas a hacer?
Ese es tu pedo.
Elegante método administrativo.
Cumpla la meta y luego vemos.
Hasta allí podríamos decir que Andy aparece de rebote.
El problema es que después llega el huachicol fiscal.
Y con él un buque.
El Torm Agnes.
Un capitán retirado de la Marina, convertido en testigo colaborador de la FGR, declaró que durante una operación de contrabando de combustible en Guaymas recibió una explicación bastante sencilla cuando las cosas comenzaron a complicarse:
Era “un tema de Andy”.
Qué frase tan pequeña.
Y qué problema tan grande.
Según el testimonio, bastó mencionar que llamarían al secretario de Marina para explicarle de quién era el asunto y, milagrosamente, el barco pudo zarpar.
Milagros de la administración pública.
Antes se multiplicaban los panes.
Ahora desaparecen inspecciones.
Y todavía falta la empresa Intanza, señalada por autoridades como presunta fachada del CJNG y destinataria del combustible.
También aparece Portacelis Gas and Oil, vinculada al entorno de Amílcar Olán, que consiguió permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel y que realizó cientos de operaciones desde Texas.
Su primer proveedor fue Ikon Midstream, empresa investigada en Estados Unidos y México por operaciones relacionadas con compañías señaladas de abastecer redes ligadas al CJNG.
Demasiadas coincidencias tomando café en la misma mesa.
La FGR intentó apagar el incendio.
Pero quizá utilizó gasolina.
El 17 de agosto informó que no tiene “ningún dato de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria” contra el hijo de un expresidente por delitos relacionados con hidrocarburos.
Bien.
Entonces no hay pruebas suficientes.
Pero la redacción deja una pregunta bastante elemental:
¿Hay datos?
Porque una cosa es decir que no existe absolutamente nada y otra muy distinta explicar que lo existente todavía no tiene fuerza jurídica suficiente.
En política, como en medicina, una palabra mal colocada puede cambiar el diagnóstico.
Y en este caso el desmentido terminó alimentando las sospechas.
Más aún cuando periodistas que han revisado partes del expediente sostienen que existen varias menciones a Andy López Beltrán y testimonios sobre llamadas realizadas para facilitar operaciones.
Incluso se habla de una transferencia de dinero desde una empresa facturera hacia una cuenta del primer círculo del hijo del expresidente.
Hasta ahora son señalamientos, testimonios, audios y líneas de investigación.
No una sentencia.
Conviene dejarlo claro.
Andy López Beltrán no ha sido declarado culpable de delito alguno.
Pero tampoco estamos frente a un simple chisme de sobremesa.
Hay nombres.
Empresas.
Barcos.
Aduanas.
Combustible.
Testigos.
Audios.
Y personajes relacionados con uno de los cárteles más poderosos del país.
La pregunta ya no es si el tema merece investigarse.
La pregunta es quién se atreverá a investigarlo hasta sus últimas consecuencias.
Porque durante años Andrés Manuel López Obrador convirtió la honestidad de su familia en parte del patrimonio moral de su movimiento.
No somos iguales, repetía.
Ahora toca demostrarlo.
Y no con mañaneras.
Ni comunicados cuidadosamente redactados.
Ni acusaciones contra periodistas.
Con expedientes.
Si Andy es inocente, una investigación seria debería ser su mejor defensa.
Si alguien utilizó su nombre para abrir puertas, mover barcos, proteger negocios o asustar funcionarios, también debería interesarle saber quién.
Pero si el nombre no fue utilizado gratuitamente, entonces el problema ya no sería familiar.
Sería de Estado.
La 4T construyó durante años un altar alrededor de la honestidad.
Cuidado.
Porque cuando los altares se caen, normalmente los santos terminan debajo.
