Eduardo Sadot
Si me ostentara como dentista y trabajo como dentista pero no tengo cédula y engaño haciendo creer que soy dentista y cobro, además de corrupción es usurpación de profesiones y amerita pena de uno a seis años de prisión.
Una discusión desnudó la realidad del INE y su ética y manera de interpretar la norma, que evidencia una cara del Despotismo Sangriento como novedosa forma de gobierno en México, del Partido en el poder, parcialidad falta de ética e interpretación a modo de la autoridad electoral y de un consejero, con ese INE se calificarán las elecciones, pues ya sabemos el resultado.
La controversia generada por declaraciones de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) frente a un representante partidista invita a una revisión serena, pero firme, de tres aspectos centrales: la transparencia en las trayectorias académicas de sus integrantes, la percepción de imparcialidad en sus designaciones y la correcta interpretación de las normas que regulan el uso de la fuerza pública en las sesiones del Consejo General. Uuc-kib Espadas Ancona, actual consejero del INE, ha fungido como diputado federal suplente en dos ocasiones (1988-1991 y 1997-2000).
En el espacio público se le presenta con un perfil de imparcialidad y se le atribuyen estudios de doctorado en Comunicación y Cultura (2013-2016) por la Universidad de Sevilla. Sin embargo, de acuerdo con los registros de la Dirección General de Profesiones, únicamente constan las cédulas profesionales de la Licenciatura como Profesor de Educación Media con especialidad en Inglés (cédula 1352808) y de la Licenciatura en Ciencias Antropológicas con especialidad en Historia (cédula 6148886).
No aparecen registradas cédulas de maestría ni de doctorado. En un órgano autónomo cuya legitimidad descansa en gran medida en la confianza ciudadana, la claridad sobre las credenciales académicas de sus miembros no es un detalle menor: es un requisito ético elemental. Más allá de los títulos, la llegada de Espadas al INE ha suscitado cuestionamientos legítimos sobre la percepción de parcialidad.
En ese contexto, las referencias al posible uso de la fuerza pública adquieren un peso particular. Quien cuenta con formación en Historia conoce bien que argumentos semejantes fueron empleados en el pasado por Victoriano Huerta contra figuras como Serapio Rendón y Belisario Domínguez. Resulta contradictorio que, desde una trayectoria vinculada a la izquierda, se invoque ahora esa vía. Como señalaba Paulo Freire: “Cuando la educación no es liberadora, el sueño del oprimido es volverse opresor”.
En el mismo sentido, las declaraciones de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, han generado sorpresa. Bueno no tanto porque no tiene registrado ningún título profesional en el Registro Nacional de Profesiones, es de los personajes que llegaron por 100% de lealtad al presidente, aunque no tengan estudios – no estar preparado para un cargo, aceptarlo y ejercerlo es el mayor acto de corrupción con lo que ha hecho evidente su lealtad a AMLO y así calificarán las elecciones.
La mención de la eventual utilización de la fuerza pública frente a Carlos Mancilla un representante popular que, además, ostenta el carácter de legislador, plantea un problema de fondo.
Independientemente de las críticas que existen sobre la forma en que se produjo la designación de la señora Taddei – considerada por varios sectores como resultado de una imposición política – , lo central es el contenido de la norma. El texto legal se refiere de manera expresa al “público asistente”.
Una parte de la disposición protege el respeto debido a los miembros del Consejo; la otra, que parece haber sido insuficientemente atendida, regula la conducta del público que asiste a las sesiones, no la de los propios consejeros ni la de los legisladores en ejercicio de sus funciones. Confundir ambos supuestos puede derivar en un exceso de atribuciones y en una interpretación que debilita, en lugar de fortalecer, el Estado de derecho. En materia electoral, la precisión jurídica y la mesura institucional no son opcionales.
La legitimidad del INE depende de que sus integrantes actúen con ética, transparencia, rigor interpretativo y respeto estricto a los límites que la ley les impone. Cualquier desvío, por mínimo que parezca, erosiona la confianza pública en una institución que México necesita sólida e imparcial. Los que ayer fueron opositores, hoy empoderados abusan más que lo que criticaron.
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