Joel Hernández Santiago
¿A quién le conviene a México llevar a cabo Consultas ciudadanas plagadas de violaciones a la ley? Plagadas de ilegalidades por parte de los funcionarios públicos interesados y miembros del partido político en consulta, como es Morena. Un ejercicio que pudo ser ejemplo de transparencia y pulcritud democrática quedó manchado por el manoseo insano a que fue sometido.
¿Deveras es una Consulta esta? ¿Es un referéndum sano y cierto si está cargado de intransigencias gubernamentales y de acusaciones y agravios a las autoridades electorales a las que se acusará si truena el cohete o si no truena el cohete?
¿Son ciertos los resultados cuando hubo acarreos de gobiernos, tanto federal como estatales y municipales a los que se les exigió una cuota de participación masiva? ¿Los resultados son confiables una vez que se ha puesto a disposición del “Que sí continúe” o “El presidente no está sólo” todo el aparato del Estado y la infraestructura de gobierno?
Haciendo caso omiso de las advertencias legales, funcionarios y gobernantes de alto rango salieron a las calles a incitar a la participación; pero no una participación voluntaria en lo individual, sí inducida en favor de la continuidad presidencial. Cuotas de participación. Compromisos. Favores. Facturas políticas por pagar: todo en juego para demostrar algo que luego de todo esto no se puede demostrar.
Para esta Consulta, unos y otros echaron toda la leña al asador. Unos, el INE, porque tenían que organizar la Consulta de Revocación de mandato, según les fue establecido por reformas de Ley y porque tendrían que respetar y hacer respetar esa Ley.
Y otros, la presidencia de la República-gobierno, porque propiciaron esta Consulta e hicieron modificaciones a la Ley para mostrar músculo y solidez política. La idea era demostrar fortaleza y la fidelidad de los electores de 2018.
Pero al paso de las semanas, desde que se anunció que la deliberación se llevaría a cabo, comenzaron los jaloneos entre cada una de las partes. Y es ahí en donde comienza la lección que deja este evento llevado a cabo el domingo 10 de abril, independiente de sus resultados.
Por meses-semanas-días hubo confrontación entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y la presidencia del país, que es la que para sorpresa de muchos fue la que propició llevar a cabo este referéndum. Aunque no es una novedad en América Latina, en donde se han llevado a cabo Consultas similares, como en Bolivia y Venezuela. Los recursos eran insuficientes aquí.
Fueron mínimos los ajustes presupuestales para llevar a cabo la Consulta, lo que llevó a que se hicieran ajustes en la organización electoral en el número de casillas para votar, lo que implicaba menores gastos, en contraposición con el deseo de gobierno y del partido Morena porque se llevara a cabo una Consulta de la magnitud de la presidencial en 2018.
Para elevar a rango legal esta Consulta, el gobierno federal-Morena, propició e hizo cambios en los que establecieron las reglas de procedimiento electoral, los tiempos, las formas y las restricciones. Una de ellas era precisamente la veda electoral y quien sería el único responsable de promover esta Consulta. Pero nada. Al final esto no se respetó.
Esto es: la veda quedó en papel y tinta, pero no en la realidad porque no hubo tal. A lo largo de los meses y semanas recientes, los interesados se saltaron las trancas de lo legal una vez que tuvieron indicios de que la gente no estaba muy contenta con el gobierno y con la Consulta.
Lo que importaba era sacar a la gente a votar, para conseguir igualar la votación obtenida en 2018 que fue de poco más de treinta millones. Esta vez se requiere el 40 por ciento de los 93 millones de padrón nacional para que el gobierno-presidencia cante victoria porque no habrán perdido la aprobación nacional de ese año.
Pero nada: la lección clara es que esto que ocurrió en esta ocasión es el indicio claro de la manera cómo se llevarán a cabo las elecciones de 2024. La ley no existirá. Las responsabilidades democráticas estarán fuera de control. Los actores políticos se saltarán las trancas de la legalidad para demostrar su propia fuerza y forzarán así los resultados de ese año.
La lección para todos es que habremos de fortalecer las instituciones electorales para hacerlas respetar y permitir de forma transparente y consensuada que hagan su trabajo con toda responsabilidad, rigor y legalidad.
La lección es que no debemos –todos los mexicanos–, permitir que se viole la ley de forma intransigente y dañina para beneficio de un gobierno, cualquiera que este sea y en cualquier momento en el futuro. Que no haya abusos de poder y que no se dé rienda suelta a las ambiciones de un grupo específico para mantenerse en el gobierno.
Los más de treinta millones de mexicanos que votaron en favor del actual gobierno federal en México lo hicieron para que las cosas cambiaran. Que lo que ocurría con gobiernos panistas o priistas no se repitiera nunca jamás. Y esa es la lección: No repetir los errores del pasado, en 2024.
