* ¿Será más fácil para los empresarios no acudir al llamado de los comités de compras, o menos difícil para los burócratas perfectos, dejar de extender la mano y denunciar el intento de cohecho?
Gregorio Ortega Molina
Una investigación y análisis del INEGI advierte que para agilizar trámites, asegurar permisos y ganar contratos en las transparentes licitaciones realizadas por el gobierno, las empresas “invirtieron” en sobornos mil 600 millones de pesos durante 2016, cifra que es para poner los pelos de punta, porque no siempre obtienen lo que buscan al ser tan generosos, y también se las ingenian para descontarlos de impuestos.
“Al analizar la medición donde se observan los niveles de satisfacción y costo de la tramitología, así como el de los servicios e incidencia que tienen los trámites legales en fomentar la corrupción, constatamos que nadie se escapa”, según Ildefonso Guajardo Villarreal, inteligente secretario de Economía, además de feroz defensor de los intereses de los mexicanos, como se comprobó en la renegociación del acuerdo azucarero con EEUU.
Por otro lado Julio Alfonso Santaella Castell, mandamás del INEGI, señala que “aproximadamente 64.6 por ciento de las unidades económicas consideran que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites”.
Mientras el Senado de la República, cuya cabeza visible es Emilio Gamboa Patrón, se sienta sobre el nombramiento del Fiscal Anticorrupción, y mientras se alientan desde esa misma Cámara las críticas al SNA, el INEGI regresa a la palestra y sostiene que la IP no denuncia corrupción porque se beneficia; y por su parte la Auditoría de la Federación llama a empresarios y ciudadanos a dejar de dar mordidas. La Comisión Permanente demanda a la PGR acelerar la investigación de acusaciones.
En un denodado esfuerzo periodístico dejar en claro cuál es la imagen que de México se tiene en el exterior, El País hace nota informativa en la que sostiene: “Las empresas mexicanas pagan millones de dólares en sobornos”.
¿Qué pasaría si los empresarios dejaran de dar mordidas, todos, pero todos, y no sólo unos cuantos? Para evitarse el engorro de denunciar y exhibir y ganarse enemigos dentro de los diferentes niveles de gobierno, ¿por qué las organizaciones empresariales no se abstienen de acudir a las licitaciones? ¿Pueden imaginarse el sector salud sin medicamentos? ¿Pemex sin proveedores? Sólo por mencionar dos áreas de gobierno.
Claro que podría ocurrir lo contrario. Que los jefes de adquisiciones del gobierno federal y los organizadores de las licitaciones dejen de extender la mano y denuncien a los corruptores.
Usted, lector, qué opina: ¿será más fácil para los empresarios no acudir al llamado de los comités de compras, o menos difícil para los burócratas perfectos, dejar de extender la mano y denunciar el intento de cohecho?
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