La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha otorgado un amparo al Sindicato Nacional Minero, liderado por el diputado Napoleón Gómez Urrutia.
La Corte determinó que se deben concentrar más de 20 expedientes relacionados con un supuesto adeudo de 55 millones de dólares de un fideicomiso extinto, lo que permitirá resolver los juicios de manera integral.
La resolución de la SCJN es significativa porque ordena a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) a considerar un total de 25 expedientes en lugar de los 21 que había tomado en cuenta previamente.
Esto implica que la autoridad laboral deberá evaluar los cuatro expedientes adicionales, que contienen pruebas cruciales sobre la correcta distribución de los recursos del fideicomiso.
Según el sindicato, estos documentos incluyen evidencia que demuestra que ya se han pagado más de 23 millones de dólares a los trabajadores. Además, existen más de 10 sentencias penales y dos dictámenes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que respaldan la rectoría del Sindicato Minero sobre estos recursos.
La resolución fue aprobada por una mayoría de cuatro votos a uno en la segunda sala de la SCJN. Gómez Urrutia destacó que esta decisión refleja el abuso de autoridad por parte de María Eugenia Navarrete, titular de la JFCA, y del décimo segundo tribunal colegiado en materia laboral, quienes habrían actuado en favor del empresario Germán Larrea, dueño de Grupo México.
El sindicato acusa a Larrea de intentar debilitar y destruir su organización tras haber sido obligado a entregar los recursos provenientes de la privatización de la mina Mexicana de Cananea y otras empresas.
Gómez Urrutia celebró el fallo y subrayó que se debe aplicar «no solo la justicia pronta, sino también la completa» en beneficio del gremio.
La controversia legal se remonta a la privatización de la mina de Cananea, donde se estipuló que el 5% de las acciones debían ser otorgadas a los trabajadores. Después de que Grupo México se negó a pagar, estalló una huelga que duró 15 años y culminó con un acuerdo que definió que los recursos estarían bajo la rectoría del sindicato.
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