Nacional
INE alista denuncia contra Guadalupe Taddei por cinco presuntos delitos; revisará contratos desde 2023
El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia penal contra su expresidenta Guadalupe Taddei por cinco presuntos delitos relacionados con posibles irregularidades en contrataciones públicas y vínculos con empresas proveedoras del organismo.
La denuncia contempla enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades. La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, informó que el documento está prácticamente terminado, pero su presentación fue aplazada mientras los equipos jurídicos realizan ajustes y revisan los fundamentos legales.
El organismo había previsto presentar la denuncia el miércoles, aunque el documento deberá ser analizado por los diez consejeros electorales antes de su entrega.
De acuerdo con uno de los borradores, se plantea indagar una posible relación de “contubernio” entre funcionarios del INE, incluida Taddei, y empresas contratistas, ante señalamientos sobre presuntos beneficios económicos derivados de adjudicaciones públicas.
El instituto solicitará revisar todas las contrataciones efectuadas desde 2023 hasta la fecha, incluida la licitación para producir la credencial para votar, adjudicada a CosmoColor junto con su filial Icard Solutions y Talleres Gráficos de México.
La contratación es parte de los señalamientos por videos difundidos en los que el proveedor José Alfredo Hernández presuntamente conversa con Taddei sobre las cantidades que recibirían por conseguir la adjudicación. La denuncia pedirá analizar las grabaciones y localizar su fuente original para determinar si hubo acciones deliberadas para beneficiar a particulares mediante decisiones del organismo.
El uso ilícito de atribuciones y facultades está previsto en el artículo 217 del Código Penal Federal y se relaciona con posibles irregularidades en contrataciones, adquisiciones o servicios financiados con recursos públicos. También se contemplan posibles responsabilidades de particulares que, con conocimiento de alguna irregularidad, hayan solicitado, promovido o participado en esas operaciones en perjuicio del patrimonio o del servicio público.
El ejercicio abusivo de funciones se vincula con la posibilidad de que servidores públicos intervinieran indebidamente en la asignación de contratos para obtener beneficios económicos propios o para terceros. Sobre el tráfico de influencias, el documento plantea posibles gestiones irregulares en negocios públicos y participación indebida de particulares en decisiones administrativas.
En ese apartado se busca investigar si José Alfredo Hernández llegó a asumir el control de distintas áreas del INE para favorecer a determinadas empresas proveedoras. El posible peculado se incluiría por la posibilidad de que funcionarios desviaran o utilizaran recursos públicos para beneficiar a empresarios o favorecerse personalmente.
El señalamiento por enriquecimiento ilícito pretende que las autoridades revisen cuentas y movimientos financieros de servidores públicos que pudieron recibir beneficios económicos vinculados con las contrataciones investigadas.
El consejero electoral Arturo Castillo señaló que algunos de los delitos considerados pueden ameritar prisión preventiva conforme a la legislación aplicable, aunque precisó que las autoridades competentes determinarán las medidas procedentes.
En paralelo, el INE espera información oficial sobre las cuentas bancarias congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera a empresas relacionadas con las investigaciones, para definir si alguna mantiene contratos vigentes con el instituto.
Castillo indicó que el organismo no ha recibido notificaciones sobre bloqueos financieros de proveedores que actualmente prestan servicios al INE. Cualquier decisión sobre contratos vigentes dependerá de una notificación formal de las autoridades o de las propias empresas, mientras la Secretaría Ejecutiva prepara medidas para garantizar la continuidad de las actividades electorales.
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