Por Fred Alvarez Palafox
“¡Lo tiene que informar la Fiscalía!”. Con esta frase cortante desde el atril presidencial, Claudia Sheinbaum intentó contener la marea de cuestionamientos. Lo que días antes se anunció en Irapuato como el gran golpe inaugural del sexenio contra el huachicol, terminó por estrellarse contra el muro del debido proceso, desnudando una vieja y dañina práctica: la urgencia burocrática por coleccionar trofeos mediáticos.
Frente a los micrófonos, esta vez desde Tabasco, la presidenta intentó desenredar la madeja de un operativo que se ha vuelto cada vez más incómodo. Con un tono diseñado para desmarcar a las altas esferas del gobierno federal, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) tuvo que entrar al quite y atraer el caso, acorralada por el firme desmentido público de los dueños de la terminal.
“Ante el comunicado de los dueños, que aseguran tener todo en regla, la fiscal general atrae la investigación”, relató la mandataria, reconociendo implícitamente que el episodio carece de un desenlace claro. Ahora, la misión de las oficinas centrales se reduce a auditar el trabajo local: revisar minuciosamente los expedientes para determinar si la empresa operaba dentro de la ley o si escondía actividades al margen de sus permisos.
En su reconstrucción de los hechos, Sheinbaum trazó una línea divisoria tajante para blindar al centro del país, asegurando que la cúpula de la FGR no tuvo participación en el origen del conflicto. El polémico decomiso, sostuvo, fue una orquestación exclusiva del hoy destituido delegado estatal, quien operó de la mano con la policía de Guanajuato.
Esta justificación, si bien persigue un claro deslinde de responsabilidades, deja flotando una duda ineludible: ¿cómo se planea, aprueba y ejecuta un aseguramiento de tales dimensiones sin que el aparato de inteligencia federal tenga la menor idea de lo que ocurre en sus propias delegaciones?
En efecto, el supuesto aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide perdió su épica y cobró su primera baja: la destitución de Juan Francisco Vera Ayala, delegado de la FGR en Guanajuato. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, oficializó la caída y admitió el incómodo desfase: la intervención, originada por una pipa detenida el 3 de julio, se ejecutó semanas antes del anuncio, mediatizándose apresuradamente sin verificar la documentación fiscal y aduanera de las empresas afectadas.
Cuando la prensa cuestionó hace días la inexplicable ausencia de detenidos, Harfuch —saliendo al quite por petición expresa de la mandataria— solo acertó a prometer arrestos futuros y a deslizar la hipótesis de un inoportuno “pitazo”.
¡Ocurrencias de Omar!
Ante la crisis de credibilidad, insistir en la narrativa oficial de la autonomía estatal resulta inútil. Trazar fronteras burocráticas es un autoengaño: una delegación de la FGR es la FGR. Punto.
Creer que un asalto de dimensiones corporativas opera en el absoluto aislamiento revela una desconexión alarmante en los aparatos de inteligencia del gobierno federal.
El revés definitivo llegó del sector privado. Cuando la empresa SIMSA demostró la legalidad de sus operaciones exhibiendo sus permisos vigentes, los propios boletines de la dependencia que encabeza Ernestina Godoy evidenciaron el tropiezo. El primer comunicado (623/26) presumía un asalto majestuoso; el subsecuente (628/26) agachó la cabeza, abandonando el discurso de golpe histórico para balbucear legalmente sobre la “posible existencia de irregularidades”.
La atracción de la carpeta por la FEMDO resulta un manotazo desesperado para rescatar el prestigio institucional. Destituir a un mando medio no resuelve el problema cuando la credibilidad yace por los suelos.
Gobernar mediante el espectáculo, ignorando la solidez investigativa, permite que el verdadero mercado negro siga operando impunemente. Las interrogantes presidenciales siguen sin respuesta; quizá deba intervenir la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso para exigir cuentas y explicarnos con rigor objetivo qué pasó realmente en Guanajuato.
¿Y cuándo va a informar la fiscal Ernestina Godoy? Omar García Harfuch no es fiscal; es el secretario de Seguridad.
PD. Un apunte final desde Irapuato
Vale la pena rescatar un momento revelador de la conferencia matutina de la presidenta en Irapuato. Cuando la prensa le solicitó el saldo exacto de su gobierno en el combate al huachicol —volumen de combustible decomisado, número total de detenidos y, sobre todo, cuántos de ellos son funcionarios públicos—, las cifras brillaron por su ausencia.
“A ver si nos puede dar la Fiscalía General de la República ese dato. Hay muchas detenciones”, fue la respuesta textual..
Lejos de ofrecer un corte de caja institucional, la c. Presidenta optó por trasladar públicamente la presión a la FGR, revelando la exigencia que hizo a puerta cerrada para que el caso no se quedara en la superficie: “No solamente es el aseguramiento del lugar, sino saber quién tenía el negocio”.
En un tono inusual, la presidenta exhibió su confrontación directa con la fiscal general para exigir respuestas: “Hablé yo con la fiscal y le dije: ‘¿qué tantas investigaciones tienen?, ¿de dónde venía ese combustible y a dónde se distribuía?’”.
Por ahora, el único saldo oficial es una promesa burocrática. Según Sheinbaum, la titular de la Fiscalía le aseguró que “tienen investigaciones muy avanzadas y esperan muy pronto dar los resultados”.
Mientras tanto, el reloj corre y la contundencia de esos resultados sigue, literalmente, en el aire.
Para la historia inmediata!
