Pausa judicial, no exoneración: los alcances del amparo a Ruffo

Por Fred Alvarez Palafox..

La suspensión definitiva que una jueza federal le acaba de otorgar al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, encendió el debate público y obligó a la Fiscalía General de la República (FGR) a poner los puntos sobre las íes: el político opositor no ha sido exonerado y el proceso penal en su contra sigue vivo.

Emitida el pasado 29 de octubre por Azucena Lazalde Íñiguez, jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en Toluca (bajo el amparo 1085/2026), esta resolución es un recurso legal de alcance muy preciso y acotado. El objetivo central de la defensa fue ponerle un freno temporal a los efectos del auto de vinculación a proceso que se le dictó en julio pasado en un juzgado de Almoloya de Juárez.

En la arena procesal, esto funciona como una pausa. La medida impide que el caso avance hacia la etapa de juicio oral; la causa penal quedará congelada al concluir la fase intermedia y no habrá sentencia definitiva hasta que se resuelva el fondo del amparo. Es decir, hasta que un tribunal decida si aquella vinculación a proceso se apegó a derecho o si, por el contrario, adolece de vicios constitucionales.

Para atajar cualquier ola de especulaciones, la FGR lanzó un mensaje contundente este 1 de noviembre (comunicado FGR 770/26), advirtiendo que la investigación se mantiene activa. Sobre el exmandatario aún pesan acusaciones de grueso calibre: delincuencia organizada, defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita y contrabando de hidrocarburos.

Es fundamental no perder de vista el fondo de la historia. El expediente armado por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) señala a Ruffo como una pieza central en una red dedicada a la importación ilegal de gasolina y diésel. Según las indagatorias, estas operaciones se movían en ferrotanques a través de Ingemar, una empresa de servicios y operación portuaria de la cual el exgobernador es socio fundador y secretario del Consejo de Administración. El boquete al erario —calcula la FGR por evasión de impuestos federales— rondaría los 4 mil millones de pesos.

Mientras se desahoga el laberinto constitucional, Ruffo continuará rindiendo cuentas a la justicia bajo la figura de prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California. Hay que recordar que apenas el 26 de septiembre pasado abandonó el penal de máxima seguridad del Altiplano, donde pasó poco más de dos meses. El juez modificó la medida cautelar basándose en una realidad ineludible: la fragilidad de salud de un hombre de 74 años.

Por cierto, la FGR no se opuso a que llevara su proceso en casa, pero sí exigió un blindaje cautelar estricto: sin fianza y sin brazalete, sustituido por una férrea vigilancia tecnológica y territorial.

Si bien el amparo concedido por la jueza Lazalde le da margen de maniobra y oxígeno procesal a su equipo de abogados, el litigio en los tribunales federales está muy lejos de escribir su punto final.

Hay mucho camino por recorrer..