El INE, la justicia y la inteligencia artificial

José Luis Parra

La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) no termina con el escándalo. Al contrario, podría ser apenas el principio. La sonorense se fue el 26 de octubre, en medio de investigaciones sobre presuntas irregularidades en contratos, conflictos de interés, colusión entre proveedores y posible triangulación de recursos públicos. Y ahora falta conocer hasta dónde llegan las responsabilidades.

Porque una cosa es dejar el cargo y otra muy distinta quedar libre de investigaciones. La renuncia no equivale a una sentencia de culpabilidad, pero tampoco constituye una absolución.

La Auditoría Superior de la Federación ya había detectado posibles irregularidades por más de 66 millones de pesos relacionadas con contrataciones para las elecciones de 2024 y la elección judicial de 2025. Y el Órgano Interno de Control del INE informó recientemente sobre 16 expedientes de investigación abiertos durante 2025 y 2026, además de otras 25 investigaciones derivadas de auditorías y revisiones. Entre los involucrados aparecen funcionarios, exfuncionarios y empresas proveedoras.

El asunto no es menor. Estamos hablando de la institución encargada de garantizar que el voto ciudadano se respete.

Y aquí viene lo interesante.

Si existen indicios de irregularidades administrativas, ¿por qué no revisar con mayor profundidad los procedimientos electorales que estuvieron bajo la responsabilidad de esa misma administración?

Cuidado. Una contratación presuntamente irregular no demuestra que se hayan alterado votos. Sería irresponsable afirmar lo contrario sin pruebas. Pero tampoco sería razonable cerrar los ojos ante cualquier evidencia nueva que pudiera comprometer la integridad de los procesos.

La duda exige investigación, no conclusiones anticipadas.
Y motivos para exigir transparencia existen.

En 2024, el INE organizó la elección presidencial y aprobó la distribución de diputaciones plurinominales que permitió a Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo alcanzar una mayoría calificada en San Lázaro. La oposición cuestionó la interpretación del límite constitucional de sobrerrepresentación, argumentando que debía aplicarse a la coalición y no solamente a cada partido. El Tribunal Electoral confirmó la asignación.

Legalmente el asunto quedó resuelto. Políticamente, el debate sobre la representación de los votos y su traducción en curules sigue teniendo importancia.

Después vino la elección judicial de 2025, con los famosos acordeones que recomendaban por quién votar. El propio INE reconoció la existencia de esa propaganda, abrió procedimientos y aplicó sanciones relacionadas con irregularidades de fiscalización. Sin embargo, el Tribunal Electoral consideró insuficientes las pruebas presentadas para anular determinados resultados.

Y todavía tenemos la elección presidencial de 2024.

El Tribunal Electoral declaró su validez el 14 de agosto de aquel año, después de resolver las impugnaciones. Claudia Sheinbaum obtuvo oficialmente 35 millones 924 mil 519 votos, equivalentes al 59.76 por ciento de los sufragios emitidos.

Hasta ahora no existe una resolución judicial que demuestre un fraude generalizado en esa elección.

Pero una cosa es la firmeza jurídica de los resultados y otra la obligación de investigar posibles delitos o hechos de corrupción que posteriormente salgan a la luz.
Por eso recurrimos a la Inteligencia Artificial para consultar el marco jurídico mexicano. Y apareció un caminito interesante.

La Constitución, en sus artículos 41 y 99, establece las bases de la función electoral y su control jurisdiccional. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación permite combatir determinados actos del INE ante las instancias electorales correspondientes. Y la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla investigaciones y sanciones contra servidores públicos por conductas indebidas.

Además, el Órgano Interno de Control puede investigar irregularidades administrativas y, cuando encuentre indicios de delitos, presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales competentes.

En otras palabras: sí existen caminos legales para exigir responsabilidades.

Otra cosa sería intentar anular hoy las elecciones de 2024 o 2025. Los plazos ordinarios de impugnación, generalmente de cuatro días, ya transcurrieron y las decisiones electorales definitivas no pueden reabrirse simplemente por sospechas.

Pero las investigaciones administrativas y penales tienen sus propias reglas. Si aparecen pruebas concretas, no desaparecen automáticamente porque una elección haya sido declarada válida.

Aquí es donde surge una pregunta para los partidos políticos.
¿Qué están haciendo sus equipos jurídicos frente a las investigaciones actuales?

Hay que reconocer que PAN, PRI y otras fuerzas sí acudieron a los tribunales para impugnar los resultados y la distribución de curules en 2024. Perdieron esas controversias. Por lo tanto, no sería correcto afirmar que nunca hicieron nada.

Pero ahora estamos ante hechos distintos: expedientes abiertos por presunta corrupción administrativa.

¿Presentarán nuevas denuncias sustentadas en documentos? ¿Solicitarán información sobre contratos, pagos, empresas y posibles responsabilidades? ¿Exigirán que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias?

¿O limitarán su participación a declaraciones, conferencias de prensa y publicaciones en redes sociales?

Porque los partidos disponen de financiamiento público, reciben recursos de los mexicanos y cuentan con estructuras profesionales que incluyen abogados y especialistas electorales. Su obligación no termina en protestar cuando pierden una votación.

También pueden exigir cuentas mediante los mecanismos previstos por la ley.
Y aquí entra nuevamente la Inteligencia Artificial.

Una consulta realizada con esta herramienta permite identificar leyes, autoridades competentes, procedimientos, plazos y antecedentes judiciales. No sustituye a los abogados ni demuestra por sí sola una irregularidad. Pero ayuda a encontrar por dónde empezar.

Si esa información está disponible para cualquier ciudadano con acceso a estas tecnologías, resulta válido preguntar qué uso están haciendo de ellas los partidos y sus costosos equipos de asesores.

¿Será que a la oposición le falta inteligencia? ¿O que, artificialmente, algunos de sus dirigentes prefieren jugar al gatopardismo?

Ya saben: cambiar algo para que todo siga igual.

Aunque también habría que recordar que vigilar al árbitro electoral no debe ser una obligación exclusiva de los partidos opositores. Morena y sus aliados, que igualmente reciben financiamiento público, tienen la misma responsabilidad de exigir legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

La investigación no debería depender del color de la camiseta.

Por lo pronto, Guadalupe Taddei está fuera de la presidencia del INE. Su renuncia cerró una etapa administrativa, pero dejó abiertas preguntas que deberán responder las autoridades competentes.

¿Hasta dónde llegaron las presuntas irregularidades? ¿Quiénes participaron? ¿Quién autorizó los contratos? ¿Quién supervisó los pagos? ¿Hubo beneficios indebidos? ¿Se trató de fallas aisladas o existió algún mecanismo organizado?

Y, sobre todo, ¿hay elementos verificables que justifiquen extender alguna investigación a actuaciones relacionadas directamente con los procesos electorales?
Eso debe determinarse con documentos, auditorías, peritajes y resoluciones judiciales. No con ocurrencias ni sospechas convertidas en verdades.

El INE es demasiado importante para dejar su credibilidad a merced de intereses partidistas. Y los partidos también tendrían que entender que representar a los ciudadanos significa mucho más que ocupar una curul y cobrar una dieta.

Los mexicanos merecen instituciones confiables, autoridades sujetas a la ley y partidos que respondan por los recursos públicos que reciben.

Merecen una mejor representación.

Porque si la inteligencia artificial puede mostrar caminos jurídicos para exigir cuentas, lo mínimo sería que nuestros representantes utilizaran su inteligencia, sin necesidad de que fuera artificial.

Ya veremos.