POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
Las operaciones encubiertas son por definición peligrosas. No sólo para los que las llevan a cabo, sino para las autoridades que las aprueban. Eso quedó de manifiesto el pasado domingo 19 abril, cuando el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johson, lamentó el fallecimiento de dos “empleados de la embajada”.
Lo que siguió ha sido uno de los episodios más complejos en la historia reciente de la relación bilateral en materia de seguridad. Dos agentes de la CIA, uniformados como elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Chihuahua murieron al desbarrancar su vehículo en el municipio de Morelos, Chihuahua, tras un exitoso operativo que deshabilitó “el mayor narcolaboratorio” del que se tenga registro.
Durante la conferencia mañanera del lunes 20, la presidenta Claudia Sheinbaum, puso el acento en la actividad de los occisos y no en los resultados del operativo. Detalle que pinta de cuerpo entero la política criminal de la 4T. Señalar como indeseable o innecesaria la ayuda de agencias extranjeras, particularmente norteamericanas. El tono fue como si se hubiera descubierto a una célula clandestina en labores de subversión en contra del propio gobierno. ¿Qué hacían ahí? ¿Con permiso de quién? Fue la línea discursiva de la autoridad federal.
La Constitución establece principios de soberanía, seguridad nacional y control civil sobre cualquier actividad de seguridad dentro del territorio nacional. La participación de agentes extranjeros en operativos tácticos puede contravenir estos principios cuando no existe autorización expresa del Gobierno Federal.
Los reportes periodísticos señalan que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su administración no fue informada de la presencia de agentes de la CIA en el operativo en Chihuahua, lo que abre la posibilidad de una violación constitucional. Por su parte, la Ley de Seguridad Nacional (LSN) regula estrictamente la presencia y actuación de agentes extranjeros en México.
De acuerdo con la información disponible, la participación de agentes de la CIA en operativos de campo, incluyendo el uso de uniformes de la AEI para operar encubiertos, sería una violación directa de esta ley, según lo señalado por autoridades y especialistas.
La LSN exige la autorización federal previa para cualquier actividad operativa de agentes extranjeros; la supervisión y control por parte de instituciones mexicanas; y, la limitación de su participación a intercambio de información, y no participación directa acciones tácticas.
Los reportes indican que los agentes estadounidenses participaron en al menos tres operativos antidrogas en 2026, lo que refuerza la preocupación sobre un patrón de actuación fuera del marco legal.
Las fiscalías estatales, como la de Chihuahua, carecen de facultades para autorizar unilateralmente la participación de agentes extranjeros en operativos tácticos. Cualquier coordinación internacional debe pasar por la secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), o el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Públicamente, ninguna de estas instituciones ha confirmado conocimiento previo de la presencia de los agentes norteamericanos.
Aquí es donde, como decían las abuelitas, la cosa se pone gruesa. Hasta el momento la situación implica una violación a la soberanía nacional. Toda vez que, la participación encubierta de agentes extranjeros en operativos tácticos constituye una afectación directa a la soberanía, lo que podría generar responsabilidades administrativas y penales para los funcionarios que hubieran autorizado o permitido estas acciones.
Cabría una situación de responsabilidad internacional. México podría exigir explicaciones diplomáticas a Estados Unidos por la actuación de agentes sin autorización, lo que ya ha generado tensiones bilaterales según los reportes.
También se configuran condiciones de responsabilidad interna. Funcionarios estatales podrían enfrentar procedimientos administrativos, investigaciones por abuso de funciones, o posibles responsabilidades penales por permitir actividades prohibidas por la LSN. Cosa de recordar como le fue al entonces fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por un asunto del fuero común.
El gobierno federal está politizando el caso para debilitar a una gobernadora del PAN en el camino a la elección de junio 2027. Vio la oportunidad y van por Maru Campos. El primer paso es su “comparecencia” ante el Senado de la República.
Sólo que aquí el asunto se pone color de hormiga porque la Constitución no le obsequia facultades al Senado para citar con carácter obligatorio a la persona titular de un ejecutivo estatal. Resulta que la Constitución establece que los estados son libres y soberanos en lo que concierne a su régimen interior (artículos 40 y 41). Esto implica que ningún poder federal puede subordinar o exigir rendición de cuentas directa a un titular del Poder Ejecutivo estatal, salvo en los casos expresamente previstos en la Constitución (por ejemplo, desaparición de poderes, controversias constitucionales o delitos federales, cuando exista sentencia firme).
Por eso el Senado “invitó” a la gobernadora Campos a “platicar” en una “reunión de trabajo” sobre lo ocurrido en la sierra de su estado. El artículo 76 enumera las facultades exclusivas del Senado. Entre ellas se encuentran analizar la política exterior, autorizar el tránsito de tropas extranjeras, ratificar nombramientos y, resolver sobre desaparición de poderes en estados. Ninguna fracción del artículo 76 faculta al Senado para citar o requerir comparecencias de gobernadores.
¡Vaya! Eso pasa cuando se aprende derecho de las películas norteamericanas en donde el Congreso si tiene ese tipo de facultades. Lo que se confirma por el propio presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Oscar Cantón Zetina, quién reconoció que la gobernadora “está en su derecho de no acudir sin ninguna responsabilidad” y que el Senado carece de facultad explícita para obligarla.
Peor aún, los senadores fundamentaron su “invitación” basándose en el artículo 70 de la LSN, que obliga a transparentar actividades de agentes extranjeros. Sin embargo, esta ley no otorga al Senado facultades coercitivas sobre gobernadores, sino que regula obligaciones de autoridades federales y estatales en materia de seguridad nacional. Es decir, en el Senado sólo podrían indagar si hubo alguna omisión en reportar la presencia de los elementos extranjeros.
El PAN votó a favor del punto de acuerdo de la “invitación”. Lo que ahora abre un frente político y de comunicación. ¿Está listo el partido MORENA a iniciar un “juicio de Moscú” sólo para quedar atrapado en las contradicciones de la política de “abrazos no balazos? ¿La gobernadora Maru Campos podría darle la vuelta a la bancada morenista al argumentar, de cara a la nación, que la indolencia federal la empujó a buscar otras alternativas para la seguridad de los chihuahuenses? ¿Se debatirá si la soberanía nacional es sólo la cobija narrativa para asegurar la impunidad de cárteles de la droga, o es salvar a la patria ante un enemigo interno identificado e identificable?
¿Tiene conque la gobernadora? Veamos. De 2023 a 2026, cifras del Secretariado ejecutivo del sistema Nacional de Seguridad Púbica (SESNSP) reportan que el estado de Chihuahua ha incautado casi 7 toneladas de marihuana, 53 kg de cocaína, 548 kg de cristal y 20.3 kg de heroína, y destruido de 189,098 plantas de marihuana y 190,000 plantas de amapola, en coordinación con el Ejército.
Además del aseguramiento 785 armas cortas y 632 armas largas, lo que reduce la capacidad operativa criminal local. Resultado relevante en una entidad federativa en donde el 65% de los homicidios utilizan armas de fuego. Los resultados no hablan de un territorio libre de criminalidad, hablan de una administración que esta haciendo algo al respecto.
Como punto de comparación solo basta mostrar las credenciales morenistas en Sinaloa, Guerrero o Michoacán para aplaudirle a la gobernadora Maru Campos.
¿En verdad los senadores de MORENA y sus “barredoras” criminales van a cuestionar sobre soberanía nacional en vivo y en directo? El martes 28 de abril a las 11 horas lo sabremos.
SAGRADAS ESCRITURAS: Éxodo 1:8-10
Mientras tanto, en Egipto surgió un nuevo rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: “Como pueden ver, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y más fuerte que nosotros. Así que debemos tratarlos con mucha sabiduría para que no sigan multiplicándose. Puede suceder que, en caso de guerra, ellos también se alíen con nuestros enemigos y peleen contra nosotros, y se vayan del país.”
