POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
En Principios de la filosofía del derecho, Hegel afirma que sólo la Idea, la racionalidad objetiva que antecede y orienta a la voluntad, posee verdadera realidad. No se trata de una abstracción metafísica ya que, para Hegel, la libertad humana sólo se realiza plenamente cuando la voluntad particular se somete a un orden racional que la trasciende. Ese orden es el derecho, y su expresión institucional más alta es el Estado moderno.
El Estado, en esta concepción, no es un simple aparato burocrático ni un conjunto de funcionarios administrando recursos. Es la culminación de un proceso histórico en el que la sociedad logra que la razón se convierta en norma, que la universalidad del derecho discipline la arbitrariedad de los intereses particulares. Cuando esto ocurre, la vida política se vuelve ética y las instituciones dejan de ser botín y se convierten en la estructura que garantiza la libertad de todos.
Pero Hegel también advierte que esta racionalidad es frágil. El Estado puede perder su Wirklichkeit, su efectividad real, cuando la voluntad particular (caprichosa, facciosa, interesada) desplaza a la Idea. Cuando eso sucede, el Estado retrocede hacia formas premodernas. La ley deja de ser universal, la autoridad se privatiza y la política se degrada en mera lucha por el control de recursos, territorios o rentas.
México en 2026 ofrece un ejemplo inquietante de esta regresión.
Durante décadas, la narrativa oficial sostuvo que el Estado mexicano avanzaba, aunque lentamente, hacia la consolidación de un Estado de derecho. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto cada vez más evidente que amplios sectores de la clase gobernante han adoptado lógicas que no sólo contradicen la racionalidad jurídica, sino que la sustituyen por prácticas propias de la criminalidad organizada.
No se trata únicamente de corrupción, término ya de por sí insuficiente para describir la magnitud del fenómeno, sino de la incorporación sistemática de medios y fines criminales en la acción pública. El “huachicol fiscal”, por ejemplo, no es sólo evasión, es la creación de redes paralelas de financiamiento político que operan al margen de la ley. La protección o tolerancia hacia grupos del narcotráfico no es sólo omisión, es la renuncia deliberada a ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. La sustitución de decisiones de política pública por acuerdos informales con actores criminales no es pragmatismo es la disolución del Estado como instancia racional.
Desde la perspectiva hegeliana, esto constituye una inversión completa del orden político. La voluntad particular, ya sea de un funcionario, un grupo político o un actor criminal, se impone sobre la universalidad del derecho. La ley deja de ser expresión de la Idea y se convierte en un instrumento contingente, negociable, manipulable. El Estado deja de ser la realización de la libertad y se convierte en un espacio donde la fuerza y la conveniencia dictan las reglas.
Esta dinámica no sólo erosiona instituciones, también degrada la legitimidad misma del Estado. Cuando la ciudadanía percibe que la ley no es universal, que la autoridad no es racional y que la política se ha contaminado de intereses criminales, la confianza pública se derrumba. Y sin confianza, el Estado pierde su capacidad de coordinar, de gobernar, de orientar el futuro. Es decir, actualmente está operando una desinstitucionalización progresiva del país.
Lo más grave es que este proceso no ocurre de manera súbita, sino como una decadencia silenciosa. Cada vez que un funcionario sustituye un procedimiento legal por un acuerdo informal, cada vez que un actor político recurre a recursos ilícitos para financiar su operación, cada vez que una institución tolera la infiltración criminal, la Idea, esa racionalidad que sostiene al Estado, mengua un poco más.
Hegel diría que estamos ante un momento en el que la historia puede retroceder. No porque el pasado vuelva literalmente, sino porque las formas premodernas de poder como la arbitrariedad, la violencia privada, la captura del Estado por intereses particulares, reaparecen bajo nuevas máscaras. El riesgo no es sólo la corrupción del gobierno, sino la disolución del Estado como proyecto racional.
México ha vivido crisis políticas profundas, pero pocas veces había enfrentado una amenaza estructural de esta envergadura, la posibilidad de que la frontera entre lo político y lo criminal se vuelva indistinguible. Cuando esa frontera desaparece, el Estado deja de ser Estado. Y cuando el Estado deja de ser Estado, la sociedad queda expuesta a un colapso histórico.
No es un colapso espectacular, no es un derrumbe inmediato. Es un proceso lento, casi imperceptible, en el que las instituciones pierden su capacidad de actuar, la ley pierde su fuerza moral y la ciudadanía pierde la esperanza de que la política pueda resolver algo. Es precisamente la decadencia que Hegel temía, un espacio en el que la razón queda subordinada a la voluntad particular de un solo actor o grupo de actores.
La pregunta que queda es saber si México puede revertir este proceso. Hegel creía que la historia avanza hacia la libertad, pero también sabía que nada garantiza ese avance. La racionalidad del Estado debe ser defendida, reconstruida, reimaginada. No basta con denunciar la infiltración criminal, es necesario restaurar la primacía del derecho, reconstruir la confianza pública y recuperar la idea, esa Idea hegeliana, de que el Estado existe para realizar la libertad, no para administrarla como si fuera un activo criminal.
Si México no logra hacerlo, el riesgo no es sólo político. Es histórico.
SAGRADAS ESCRITURAS: Lucas 4:5-8
Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás.
