Por: Fred Alvarez Palafox
La “austeridad republicana” se nos vendió como el pilar ético de toda una transformación (4T); una promesa de gobernar a ras de tierra. Sin embargo, si levantamos la vista hacia Quintana Roo, descubrimos que el discurso oficial choca de frente con una realidad que, literalmente, vuela demasiado alto.
Una reciente investigación periodística de Abel Barajas en el diario Reforma, sustentada en registros migratorios oficiales, ha puesto sobre la mesa una bitácora que incomoda incluso a los más leales al movimiento. Se documentan 605 movimientos migratorios de la gobernadora Mara Lezama, su familia y aliados.
Lo verdaderamente grave es la forma: casi la mitad de estos trayectos —283 movimientos— se realizaron en la exclusividad de jets privados. Y para enrarecer más el panorama, en esa lista de pasajeros asoma Eugenio “Gino” Segura, exfuncionario y actual contendiente político, evidenciando esa peligrosa frontera donde se mezclan la amistad, la familia y el ejercicio del poder.
Hablemos de costos, porque volar alto exige respuestas terrenales. Operar estas aeronaves ejecutivas ronda los 6 mil dólares por hora. Para dimensionarlo: un viaje a Orlando —destino al que Lezama suma 53 entradas y salidas desde finales de 2022— representa un gasto aproximado de 406 mil pesos. Escaparse a esquiar a Vail, Colorado, supera los 800 mil.
El golpe de realidad llega al consultar la Plataforma Nacional de Transparencia. El salario mensual neto de la gobernadora es de poco más de 102 mil pesos. Es decir: un solo vuelo a la nieve de Colorado equivale a casi ocho meses íntegros de su sueldo oficial.
Acorralada por la turbulencia, la gobernadora morenista intentó atajar el golpe en la red social X. Su defensa tiene dos frentes: primero, niega haber tocado el erario, escudándose en tres décadas de trabajo en la iniciativa privada, o sea ella paga de su bolsa los vuelos.. Segundo, justifica los jets como la única vía logística para combinar “su rol como madre y sus responsabilidades públicas”. Sobre la abrumadora cifra de vuelos, la califica de irreal, argumentando que implicaría vivir un año de vacaciones.
El eco del escándalo retumbó, como era inevitable, en los pasillos de Palacio Nacional.
—¿Cuál es el exhorto después de que se dan a conocer las decenas de viajes de Mara con su familia y su posible sucesor usando servicios aéreos de alto costo? ¿Quién paga eso? —cuestionaron a la Presidenta.
Ella no esquivó el tema, pero midió sus palabras, dejando claro dónde estaba la carga de la prueba:
—Es lo primero, Mara tiene que aclarar. Como decíamos, sale en un medio y no sabemos qué tan cierto sea —hizo una pausa para atajar y marcar la línea—. Pero ante una información de esta magnitud, se tiene que explicar. Y si usó esos aviones, debe decir por qué y bajo qué condiciones —concluyó la Presidenta.
La disonancia ética Pero el debate público exige ir más allá de un post,, o de la defensa matutina. Si no se usó el erario para pagar a las operadoras aéreas, queda flotando la pregunta central: ¿quién patrocina esta logística?
En política, el uso de aviones privados sin origen transparente abre de par en par la puerta a la sospecha de favores y futuros contratos.
El dilema de fondo es la profunda disonancia ética. Cuando un proyecto le exige a los suyos erradicar los privilegios para caminar junto al pueblo, la ostentación en jets privados fractura la confianza ciudadana y desdibuja la narrativa de igualdad.
En la vida pública no basta con asegurar que la mano no tocó el cajón; hay que entender que la opulencia, en un país marcado por tantas deudas sociales, resulta políticamente insostenible.
Para la historia inmediata.
