Lista negra, sistema gris

José Luis Parra

Estados Unidos lo pone en la lista negra. En México, en cambio, el personaje transitaba con cierta normalidad institucional, como si el pantano no salpicara. Dos visiones, dos narrativas… y un mismo nombre: Juan Pablo Penilla Rodríguez.

Para el Departamento del Tesoro no hay matices: cómplice del Cártel del Noreste. Para este lado de la frontera, el expediente luce más difuso, más político, más… conveniente. Abogado, sí. Defensor, también. ¿Intermediario de una organización criminal? Ahí es donde el discurso se bifurca.

Porque el problema no es solo el abogado. El problema es el ecosistema.

Según Washington, Penilla no se limitaba a ejercer su profesión; cruzaba la línea, servía de enlace, mantenía viva la comunicación entre líderes criminales y sus estructuras. Es decir, no defendía: operaba. Y eso, en cualquier manual —legal o criminal— cambia completamente el rol.

Pero en México la historia se enreda.

Aparece en cartas vinculadas a Ismael “El Mayo” Zambada. Se le menciona en entornos políticos ligados a Andrés Manuel López Obrador. Se le otorgan reconocimientos institucionales. Se le integra —aunque luego se corrija— a estructuras de gobierno en Tamaulipas.

Y entonces la pregunta deja de ser jurídica.

Se vuelve política.

¿Cómo es que un perfil con ese nivel de señalamientos logra insertarse —aunque sea de forma periférica— en espacios de poder? ¿Quién revisa? ¿Quién filtra? ¿O de plano ya nadie pregunta?

Porque aquí no estamos ante un caso aislado. Es un patrón. Un síntoma.

El Tesoro también señala a un activista, Raymundo Ramos Vázquez, acusándolo de operar como escudo narrativo del crimen organizado. Grave. Delicadísimo. Sobre todo porque ese mismo activismo ha sido clave para exhibir abusos del Estado.

Entonces entramos a terreno pantanoso:
¿Quién dice la verdad?
¿Quién manipula?
¿Quién usa a quién?

En ese juego de espejos, todos pierden credibilidad.

Y mientras tanto, el crimen gana tiempo.

Porque si algo queda claro en este episodio es que las fronteras entre política, activismo y crimen organizado ya no son líneas… son zonas grises. Territorios donde todo se mezcla, donde las lealtades son flexibles y donde la verdad depende del lado desde el que se mire.

Estados Unidos sanciona. México matiza.
Allá castigan. Aquí se explica.
Allá acusan. Aquí… se administra el daño.

Y en medio de ese doble discurso, el ciudadano observa. Con desconfianza. Con hartazgo. Con la sensación de que la justicia, como tantas cosas en este país, depende más del contexto que de los hechos.

Porque si el abogado de un narco puede ser al mismo tiempo operador, asesor honorífico y “embajador por la paz”, entonces el problema no es el personaje.

Es el sistema que lo permite.

Y ese, a diferencia de cualquier lista negra, sigue intacto.