La FIFA convirtió la pasión más popular del mundo en un negocio que impone condiciones hasta a los gobiernos; México fue el más dócil ante sus pretensiones
La FIFA convirtió la Copa del Mundo en un negocio de dimensiones extraordinarias mientras los países anfitriones asumieron gastos, obligaciones y tratamientos fiscales especiales. México aceptó privilegios que deben ser explicados y cuantificados a cabalidad. El organismo que dirige Gianni Infantino ha acumulado un poder capaz de influir sobre gobiernos, controlar el acceso al espectáculo e imponer sus propias reglas a periodistas, jugadores y aficionados, sin contrapesos suficientes
Alberto Carbot
El Mundial 2026 habrá entregado otra vez lo que solamente el futbol consigue producir a semejante escala. Alegría, decepción, orgullo nacional, lágrimas, discusiones interminables y esa sensación de pertenencia que durante unas semanas une a millones de personas alrededor de una cancha. México también vivió su propia fiesta. Resulta imposible negar la emoción que provoca ver a la selección nacional competir, ganar partidos y despertar una ilusión colectiva que pocas actividades generan en nuestro país.
Una cosa, sin embargo, es disfrutar el futbol y otra cerrar los ojos frente al formidable aparato económico construido alrededor de esa pasión. Antes incluso de que se dispute la final, existe un ganador indiscutible fuera de la cancha. La FIFA ha demostrado nuevamente que su dominio sobre el deporte más popular del mundo le permite desarrollar un modelo de negocios extraordinariamente rentable y, al mismo tiempo, negociar con gobiernos nacionales desde una posición de fuerza que muy pocas organizaciones privadas poseen.
Para el ciclo 2023-2026, la organización elevó su previsión de ingresos a 13 mil millones de dólares y, al finalizar 2025, ya tenía contratado alrededor del 93 por ciento de esa cantidad. Conviene precisar que se trata de ingresos correspondientes a un periodo de cuatro años y no de utilidades netas generadas exclusivamente por el Mundial. La diferencia contable es importante porque una crítica seria no necesita exagerar las cifras para demostrar la magnitud de los intereses económicos que rodean a la Copa del Mundo.
Algo semejante ocurre con los 40 mil 900 millones de dólares que, según diversas versiones, habría movido el Mundial de 2026. Esa cifra corresponde a una estimación sobre la contribución potencial del torneo al producto interno bruto y no representa dinero ingresado directamente a las arcas de la FIFA. La discusión verdaderamente importante se encuentra en otro terreno y tiene que ver con la manera en que la organización ha construido un modelo que le permite concentrar los principales activos comerciales de la competición, mientras una parte considerable de los costos y obligaciones queda en manos de los países y las ciudades anfitrionas.
La FIFA controla los derechos audiovisuales, los patrocinios, las licencias, el boletaje y los grandes negocios de hospitalidad relacionados con sus torneos. Los gobiernos que aspiran a recibirlos deben asumir compromisos en materia de seguridad, movilidad, servicios públicos, adecuaciones urbanas y, en algunos casos, tratamientos tributarios extraordinarios. Esto no significa que el organismo no invierta recursos en la organización de sus competiciones o en programas de desarrollo del futbol. Significa que llega a las negociaciones en una posición privilegiada porque posee algo que las ciudades desean, que los gobiernos consideran políticamente atractivo, que las televisoras necesitan, que los patrocinadores pagan a precios extraordinarios y que millones de aficionados sienten como parte de su propia identidad.
Canadá ofrece un ejemplo de la dimensión que pueden alcanzar los costos públicos. La Oficina del Director Parlamentario de Presupuesto calculó que los diferentes niveles de gobierno destinarían alrededor de mil 66 millones de dólares canadienses a la organización de 13 partidos en Toronto y Vancouver. Estados Unidos tampoco recibió gratuitamente el Mundial. El Congreso federal asignó 625 millones de dólares para apoyar los gastos de seguridad de las ciudades anfitrionas.
No sería correcto sostener, por lo tanto, que Estados Unidos y Canadá rechazaron todos los privilegios o costos derivados de la celebración del torneo. Los tres países asumieron compromisos y utilizaron recursos públicos. La diferencia que debe examinarse en el caso mexicano se encuentra en la amplitud del tratamiento fiscal concedido a las actividades relacionadas con la FIFA y en las condiciones que nuestro gobierno aceptó desde el proceso de candidatura.
México, el anfitrión que sí cedió ante los nuevos corsarios
México asumió una serie de compromisos incluidos en las llamadas Garantías Gubernamentales requeridas por la organización. El régimen acordado originalmente durante el gobierno de Enrique Peña Nieto contemplaba beneficios fiscales cuya vigencia podía extenderse más allá de la competencia. Posteriormente, el gobierno de Claudia Sheinbaum informó que renegoció esos compromisos para limitar temporalmente una parte de las exenciones y concentrarlas en el periodo relacionado con la celebración del Mundial.
Aun con esas modificaciones, el asunto merece una discusión pública mucho más profunda. Una organización privada con ingresos multimillonarios consiguió del Estado mexicano un tratamiento tributario excepcional mientras millones de empresarios, comerciantes, profesionistas y trabajadores nacionales están obligados a cumplir puntualmente sus responsabilidades fiscales. La pregunta resulta inevitable y no requiere ningún artificio retórico. México debe explicar por qué una entidad extranjera que administra uno de los negocios deportivos más rentables del planeta recibió condiciones que difícilmente obtendría un contribuyente mexicano.
En este punto resulta pertinente recordar lo que históricamente significó la llamada “patente de corso”. Durante varios siglos, determinados gobiernos de ultramar autorizaron a particulares para armar embarcaciones y atacar los barcos de países enemigos. Esa autorización establecía la diferencia jurídica fundamental entre el “pirata”, que actuaba por cuenta propia y fuera de la ley, y el “corsario”, que realizaba acciones semejantes bajo el amparo de un Estado mediante una autorización —licencia, permiso, concesión, salvoconducto o documento habilitante oficial—, conocida como “patente de corso”. Ambos podían perseguir navíos y apoderarse de mercancías, pero solamente el segundo contaba con una autorización oficial que legitimaba sus operaciones.
La comparación con la FIFA tampoco puede ni debe entenderse de manera literal. Su utilidad consiste en señalar que determinadas actividades privadas adquieren una capacidad extraordinaria cuando encuentran la autorización y las facilidades del poder político. Pero resulta que en nuestros días no se necesitan barcos ni cañones para conseguir condiciones excepcionales. Son suficientes los contratos, los convenios, las garantías gubernamentales, las exenciones tributarias y la disposición de algunos gobiernos para satisfacer las exigencias de organizaciones que llegan a la mesa de negociación con una enorme ventaja.
La responsabilidad, por esa razón, no corresponde únicamente a la FIFA. La organización formula sus exigencias porque posee el poder necesario para hacerlo, pero cada privilegio concedido por un país requiere la participación de sus propias autoridades. Cada exención fue aceptada mediante algún procedimiento gubernamental o legislativo, cada gasto público tuvo que ser autorizado y cada una de las garantías entregadas al organismo fue firmada por funcionarios concretos. La FIFA puede pedir todo lo que considere conveniente para sus intereses, pero corresponde a los gobiernos establecer hasta dónde están dispuestos a conceder.
El futbol que expulsa a sus aficionados
El otro gran componente de este negocio se encuentra en el aficionado, que progresivamente ha dejado de ser considerado únicamente como parte esencial del futbol, para convertirse en consumidor de una experiencia cuyo precio parece encontrar cada vez menos límites.
El Mundial de 2026 incorporó una estrategia de precios dinámicos que permitió modificar el costo de las entradas de acuerdo con la demanda. Los boletos para la fase de grupos llegaron inicialmente hasta los 575 dólares, una cantidad considerablemente superior a la de categorías equivalentes en Catar 2022. Conforme avanzó la competición, algunos precios alcanzaron niveles extraordinarios y, en el mercado de reventa, determinadas entradas para los partidos más importantes llegaron a cantidades prohibitivas para la inmensa mayoría de los aficionados.
La FIFA habilitó posteriormente una categoría especial de boletos de 60 dólares, poco más de mil pesos para determinados seguidores a través de las federaciones participantes, pero esa medida no modifica el fenómeno general. Asistir a los partidos más importantes de una Copa del Mundo se está convirtiendo hoy en un privilegio reservado para quienes poseen una elevada capacidad económica.
Durante muchos años, un trabajador o una familia de ingresos medios podían ahorrar unos pocos meses para cumplir alguna vez el sueño de presenciar un partido mundialista; el esfuerzo podía ser quizá también considerable, pero todavía se encontraba dentro del terreno de lo posible. El modelo actual amenaza con expulsar de los estadios precisamente a esa parte de la afición que contribuyó a convertir al futbol en el fenómeno social y cultural que hoy explota comercialmente la FIFA.
El problema no consiste en que las entradas tengan un precio castigado ni en pretender que una organización de esta naturaleza renuncie a obtener ingresos de su principal competición. La cuestión es hasta dónde puede llevarse esa lógica sin destruir la relación histórica del futbol con sus raíces populares. Cuando el precio deja de establecerse a partir de un criterio razonable y se determina exclusivamente de acuerdo con la cantidad máxima que alguien está dispuesto a pagar, el aficionado deja de ser considerado parte de la comunidad que sostiene al deporte y comienza a ser tratado exclusivamente como la oportunidad de negocio.
La contradicción resulta más evidente cuando se comparan las condiciones impuestas al público con las que obtiene la propia organización. Al aficionado se le exige aceptar el precio que determine el mercado aunque la entrada alcance cantidades desorbitadas. La FIFA, en cambio, negocia con los gobiernos exenciones, facilidades tributarias y condiciones especiales. Se trata de una modalidad particularmente agresiva del capitalismo contemporáneo, en la que las leyes del mercado se aplican con todo rigor al consumidor, mientras la organización que controla el negocio busca escapar de algunas de esas mismas reglas mediante acuerdos con el poder político.
La ampliación del Mundial a 48 selecciones y 104 partidos también debe observarse desde esa perspectiva. Existen razones deportivas legítimas para defender el nuevo formato. Una mayor cantidad de países obtiene acceso a la competición, regiones tradicionalmente subrepresentadas participan con más selecciones y millones de aficionados tienen la posibilidad de ver a sus equipos nacionales en la máxima justa del futbol.
Sería ingenuo, sin embargo, ignorar la dimensión económica de esa ampliación, porque cada selección adicional representa un nuevo mercado nacional interesado en el torneo y cada partido produce más derechos de transmisión, publicidad, venta de entradas, hospitalidad, patrocinios y contenidos destinados a plataformas digitales. La inclusión deportiva y la rentabilidad empresarial pueden coexistir sin ninguna contradicción. Sin embargo, la discusión comienza cuando la expansión permanente de las competiciones parece responder más a las posibilidades de monetización que a las necesidades del propio deporte.
Un poder que nadie parece controlar
Gianni Infantino ha fortalecido durante su presidencia la capacidad financiera y política de la FIFA. Bajo su conducción, la organización no solamente ha incrementado sus ingresos, sino también su presencia en ámbitos que rebasan el futbol; no obstante, esta dimensión política resulta especialmente delicada para un organismo que exige neutralidad a jugadores, selecciones, federaciones y aficionados.
Por otra parte, durante el Mundial de 2026, la cercanía entre Infantino y Donald Trump volvió a colocar esa contradicción en el centro de la discusión. Uno de los episodios más polémicos ocurrió después de la expulsión del futbolista estadounidense Folarin Balogun. Trump reconoció públicamente haber solicitado al presidente de la FIFA que revisara el caso y, posteriormente, la suspensión automática del jugador fue aplazada mediante un periodo de prueba que le permitió participar en el siguiente encuentro. La FIFA sostuvo que la decisión estaba contemplada dentro de sus normas disciplinarias y no existe prueba suficiente para afirmar que Infantino hubiera modificado la resolución por una orden del presidente estadounidense.
Pero aclaremos que la ausencia de esa prueba no elimina el problema institucional, porque resulta difícil defender la absoluta autonomía de un procedimiento disciplinario cuando el jefe del gobierno de uno de los países anfitriones puede comunicarse directamente con el presidente de la organización para hablar sobre la sanción impuesta a un integrante de su selección. Incluso si la resolución final hubiera sido jurídicamente correcta, la intervención de un presidente en un asunto de esta naturaleza genera dudas que una institución preocupada por su independencia debería evitar.
La contradicción se hace todavía más evidente cuando esa proximidad con el poder político se compara con el rigor que la FIFA pretende aplicar frente a determinadas expresiones de jugadores, selecciones o aficionados.
Durante este Mundial se produjeron controversias por mensajes relacionados con las Islas Malvinas y con otras causas políticas. La organización cuenta con normas que limitan determinadas manifestaciones dentro de sus competiciones y tiene derecho a establecer reglas para el desarrollo de sus torneos. Lo cuestionable es que la neutralidad parezca exigirse con mayor severidad a quienes se encuentran en los niveles inferiores de la estructura, mientras la dirigencia mantiene relaciones cada vez más estrechas con algunos de los gobernantes más poderosos del mundo.
El caso del periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera introduce otro elemento en la discusión sobre los límites del poder de la FIFA. Durante la transmisión del partido entre Paraguay y Turquía, después de la expulsión del extremo derecho paraguayo Miguel Almirón —con una larga trayectoria internacional, incluida la Premier League inglesa—, el cronista perdió la compostura y lanzó una severa diatriba contra el arbitraje, la organización y el propio Infantino. Utilizó expresiones ofensivas y posteriormente reconoció que se había excedido y asumió la responsabilidad por sus palabras.
La FIFA decidió retirarle la acreditación que le permitía continuar cubriendo el Mundial. Algunas versiones llegaron a hablar de un veto permanente, pero no existe evidencia suficientemente sólida para sostener esa afirmación. Lo comprobable es que perdió su credencial y no pudo continuar su trabajo durante el torneo.
Reconocer los excesos de Vera no significa aceptar sin discusión la respuesta de la FIFA. Como periodista, considero que en ocasiones se pueda ser cuestionado por insultar, recibir críticas de colegas o incluso enfrentar consecuencias laborales por decisión del medio que nos ha contratado. Pero una situación distinta se presenta cuando la organización que fue objeto de críticas o supuestos ataques, utiliza el control que ejerce sobre el evento, para impedirle continuar realizando su cobertura.
Las acreditaciones son indispensables para organizar el acceso a competiciones de estas dimensiones y ninguna institución está obligada a tolerar cualquier comportamiento en nombre de la libertad de prensa. Pero una credencial o un gafete de entrada tampoco debería convertirse en un instrumento para premiar la docilidad o castigar la crítica. Cuando la misma entidad controla los estadios, las fuentes informativas, las condiciones de acceso y la facultad de retirar las acreditaciones, resulta indispensable que existan mecanismos independientes capaces de revisar sus decisiones y evitar posibles arbitrariedades.
Quiero reiterar que libertad de expresión no significa inmunidad para un periodista. Quien ejerce este oficio responde por sus palabras y debe aceptar las consecuencias profesionales cuando se aparta de sus responsabilidades. Esa obligación, sin embargo, no debería otorgar a la persona o institución criticada, una facultad prácticamente absoluta para decidir quién puede seguir cubriendo un acontecimiento de interés público mundial.
Este episodio ayuda a comprender la dimensión supranacional que la FIFA ha adquirido. Jurídicamente no es un Estado y carece de territorio propio, ejército, ciudadanía y soberanía. En la práctica, durante sus competiciones, ejerce un enorme poder sobre espacios, instituciones y personas; determina condiciones de acceso, reglamentos, acreditaciones, derechos comerciales, zonas de exclusividad y numerosas disposiciones que afectan no solamente a quienes participan directamente en el futbol, sino también a las ciudades y a los países anfitriones.
Su fortaleza nace de una circunstancia elemental. Siempre existen gobiernos dispuestos a competir por recibir sus torneos. Una administración permanece unos cuantos años en el poder y busca resultados, acontecimientos de gran impacto y fotografías que puedan convertirse en capital político. La FIFA puede esperar y elegir. Si un país considera excesivas sus condiciones, probablemente encontrará otro dispuesto a aceptarlas.
Por eso el problema no puede reducirse a la figura de Gianni Infantino. Sustituir al presidente dejando intacta la estructura económica y política de la organización, significaría entregar la misma maquinaria a otro administrador. La cuestión central se encuentra en la debilidad de los contrapesos frente a una entidad privada que administra un fenómeno cultural de alcance mundial y utiliza esa posición para negociar con gobiernos desde una situación extraordinariamente favorable.
Las cuentas que México todavía debe saldar
México tendría que aprovechar el final del Mundial para realizar una evaluación seria y transparente de los compromisos adquiridos. El país debe conocer con precisión cuánto dejó de recaudar el Estado por los beneficios fiscales otorgados; quiénes fueron los beneficiarios directos e indirectos, qué empresas quedaron comprendidas dentro del régimen excepcional, cuánto gastaron las ciudades anfitrionas, qué inversiones permanecerán después del torneo y cuál fue el beneficio económico real para la sociedad.
También será necesario contrastar las grandes proyecciones anunciadas antes del Mundial con los resultados obtenidos una vez concluida la competición. Los estudios de impacto económico asociados a los grandes acontecimientos deportivos suelen presentar cifras espectaculares, pero una derrama económica no equivale automáticamente a un beneficio neto para la población. Para conocer el resultado verdadero hay que considerar también los costos públicos, las inversiones realizadas específicamente para el evento, los gastos de seguridad y los recursos fiscales que dejaron de ingresar al erario, principalmente los registrados por la administración de Clara Brugada, que privilegió pintar áreas citadinas y vagones del Metro con “mascotas” coloridas, cuando hay vías peatonales desatendidas y la capital registra miles de desperfectos.
Nada de esto obliga a negar el enorme valor emocional de una Copa del Mundo. El torneo habrá dejado goles y partidos que permanecerán durante décadas en la memoria de millones de personas; habrá generado actividad económica, recibido visitantes y posiblemente dejado infraestructura útil en determinadas ciudades. Pero también se debe cuestionar el poder de la FIFA y las condiciones bajo las cuales desarrolla su negocio.
Amar el futbol no obliga a rendir pleitesía a la organización que lo administra; celebrar un gol no impide exigir transparencia en el uso de los recursos públicos. Disfrutar una Copa del Mundo tampoco exige aceptar que una organización privada multimillonaria reciba privilegios que los gobiernos niegan a muchos de sus propios contribuyentes.
La FIFA puede registrar marcas, vender derechos de televisión, controlar el acceso a los estadios, establecer los precios de las entradas y negociar condiciones con los Estados. Lo que no puede reclamar es la propiedad moral del futbol. Este deporte existía mucho antes de que su organismo rector se convirtiera en una gigantesca maquinaria comercial y seguirá existiendo mientras haya niños jugando en las calles, trabajadores siguiendo un partido durante su jornada y aficionados transmitiendo de una generación a otra una pasión que ninguna corporación inventó.
El verdadero problema surge cuando quienes hicieron del futbol el deporte más popular del planeta ya no pueden permitirse asistir a sus principales competiciones mientras la organización que explota comercialmente esa pasión, reclama condiciones fiscales extraordinarias a los gobiernos que compiten por recibirla.
El Mundial 2026 debería dejarnos una discusión que trascienda los resultados deportivos. Necesitamos saber quién vigila a la FIFA, qué límites reales existen frente a su creciente poder y por qué los gobiernos aceptan condiciones excepcionales de una organización privada cuya capacidad financiera le permite negociar desde una posición privilegiada.
México tiene una responsabilidad adicional. Debe explicar por qué una de las organizaciones deportivas más ricas del mundo obtuvo un régimen excepcional y cuáles fueron los beneficios concretos que a cambio recibió el país.
La antigua “patente de corso” convertía en legal una actividad que no habría podido realizarse sin la autorización del poder. La comparación con la FIFA tiene límites evidentes, pero conserva una enseñanza pertinente, pues ninguna organización privada alcanza semejante capacidad para imponer condiciones sin encontrar gobiernos dispuestos a concederlas.
Por eso, al revisar lo ocurrido en este Mundial, no basta sólo con observar las exigencias de la FIFA; también habrá que examinar las decisiones de quienes tuvieron la facultad de ponerle límites y no lo hicieron, y prefirieron sumisamente obedecer y firmar.
