La diputada Margarita García García (PT) promueve una iniciativa que adiciona un artículo 25 Bis a la Ley del Registro Público Vehicular (Repuve), con la finalidad de que las personas servidoras públicas de las entidades federativas que no actualicen este registro, como lo establece el artículo 7° de esta legislación.
El segundo párrafo del artículo 7° menciona que para mantener actualizado el registro, las autoridades federales y de las entidades federativas, de conformidad con sus atribuciones, suministrarán la información relativa a altas, bajas, cambio de propietario, emplacamiento, infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones, pago de tenencias y contribuciones, destrucción de vehículos, gravámenes y otros datos con los que cuenten.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Seguridad Ciudadana, señala en su exposición de motivos que se han dado situaciones en donde se detienen a personas que compraron autos usados que cuentan con algún reporte en el Repuve estatal.
Sin embargo, cuando se adquirieron las unidades los vendedores les entregaron copias del Repuve nacional donde no aparece ningún tipo de reporte, debido a la falta de actualización de la base de datos.
Como consecuencia, las personas detenidas tienen que gastar recursos para conseguir su libertad y nadie se los reintegra, a pesar de que es responsabilidad del servidor público del Repuve estatal realizar dicho trabajo para no afectar a otros individuos.
La diputada García García destaca que el Repuve es un mecanismo del gobierno para tener un control sobre el estado jurídico de los automóviles que circulan en el país; además, se utiliza para compartir e intercambiar la información disponible sobre el origen, destino, actos, hechos jurídicos y en general cualquier operación relacionada con los vehículos.
Esta función, agrega, significa que este portal se puede utilizar para revisar un coche de Yucatán como en Baja California, ya que ambos estados contribuyen con el Registro, lo que permite tener una base de datos más amplia y exacta en la identificación y control sobre los vehículos motorizados.
Precisa que esta información es de uso público y se prevé que todos los estados del país contribuyan con la información de su parque vehicular, para evitar que se adquieran vehículos robados.
Por ello, subraya que el registro es de gran utilidad, toda vez que se puede comprobar el estatus del coche usado que se adquiera y, de no hacerlo conlleva penalidades legales que pueden llegar incluso hasta la cárcel, debido a la irresponsabilidad de las y los servidores públicos que incumplen con los convenios entre las fiscalías para actualizar la base de datos.
Por lo anterior, la legisladora propone considerar como falta administrativa grave de las y los servidores públicos de las entidades federativas, no mantener actualizado el Registro Público Vehicular estatal, relativo a altas, bajas, cambio de propietario, emplacamiento, infracciones y toda la información relativa a los vehículos.
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