Por Alejandra Del Río Ávila
El feminicidio no comienza el día en que una mujer es asesinada. Muchas veces empieza antes, cuando denuncia amenazas y nadie evalúa el riesgo; cuando pide protección y recibe un trámite; cuando desaparece y las autoridades deciden esperar las 72 horas mas vitales. Si la nueva Ley General en Materia de Feminicidio se concentra en castigar el crimen consumado, México habrá vuelto a llegar demasiado tarde.
En México desaparecen más de 30 mujeres al día y como sabemos, muchas veces la desaparición es la antesala del feminicidio, si creyeramos en las cifras oficiales, que todos sabemos que están maquilladas, son 8 los feminicidios diarios aceptados por el gobierno, una cifra ya de por si alarmante, casi 3000 feminicidios anuales en nuestro país,
La reforma constitucional presentada por la Presidenta y aprobada por el Senado en abril, facultó al Congreso para expedir una ley general. Homologar criterios entre los estados puede ser un avance. Pero una misma definición y una pena más alta no equivalen, por sí solas, a una mujer protegida. La pregunta decisiva es qué tendrá que hacer cada autoridad cuando todavía esté a tiempo de salvarla.
Por eso debe tomarse en serio la advertencia de la jurista Patricia Olamendi. En el análisis de la iniciativa presidencial señaló riesgos de reclasificación de muertes violentas como homicidios, falta de controles para impedirlo y vacíos en presupuesto y responsabilidades. Su crítica toca el centro del problema: una ley que promete fortalecer la investigación podría debilitarla si permite abandonar la hipótesis de feminicidio sin una revisión rigurosa.
No partimos de cero. Desde el caso de Mariana Lima, la Suprema Corte estableció que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse con perspectiva de género para confirmar o descartar si hubo razones de género, incluso cuando inicialmente parezca un suicidio o un accidente. Una ley nacional tendría que convertir ese estándar en una obligación operativa verificable, no abrir una puerta para rebajar investigaciones antes de agotar las pruebas.
En ese debate, la iniciativa presentada por la senadora Cristina Ruiz Sandoval y respaldada por Carolina Viggiano y múltiples grupos de activistas y asociaciones civiles, como Mujeres en el Poder, la que me honra presidir, pone sobre la mesa una exigencia pertinente: prevenir, investigar, sancionar y reparar. Su propuesta plantea mecanismos de detección de riesgo, protección oportuna, obligaciones para las autoridades y consecuencias ante su incumplimiento. La Senadora Viggiano ha insistido, además, en protocolos y presupuesto, ya que una ley sin presupuesto, es solo una declaración de buenas intenciones.
Esos planteamientos merecen discusión artículo por artículo, con participación de familias, sobrevivientes, especialistas y fiscalías.
Pero la advertencia también vale para cualquier propuesta de la oposición: ninguna ley se vuelve eficaz por el número de artículos que contiene ni por la dureza de sus penas. Necesitamos plazos para valorar el riesgo después de una denuncia, órdenes de protección que se ejecuten, seguimiento de las amenazas y responsabilidades identificables cuando una institución omita actuar. La tentativa de feminicidio exige investigación especializada y protección inmediata para la sobreviviente. La desaparición de una mujer debe activar búsquedas urgentes y líneas de investigación que no ignoren la violencia previa y personal capacitado en ministerios públicos y fiscalias con perspectiva de género.
También hay que mirar a quienes quedan después. Las hijas y los hijos que quedan huérfanos y otras personas dependientes necesitan reparación, acompañamiento y acceso efectivo a sus derechos. Y ninguna respuesta nacional será suficiente si presupone que todas las mujeres enfrentan las mismas barreras: una mujer indígena, una mujer con discapacidad, una migrante o una mujer en una comunidad rural pueden encontrar obstáculos distintos para denunciar y recibir protección.
El presupuesto revela hasta dónde llega la voluntad política. Durante el examen de la iniciativa presidencial, especialistas y operadoras de justicia advirtieron que crear obligaciones, registros y capacidades especializadas sin recursos suficientes dificulta cumplirlas. En el foro organizado por las senadoras priistas me atrevi a cuestionar precisamente que una ley que nazca sin presupuesto y sin participación efectiva de las familias. Porque prometer atención inmediata a través de fiscalías sin personal ni peritos capacitados es escribir una obligación que el Estado sabe que no podrá cumplir.
Ahí está el riesgo de retroceso: que, bajo la promesa de homologar, se pierdan estándares de investigación ya conquistados; que la reclasificación oculte feminicidios; que las familias vuelvan a cargar con la tarea de demostrar lo que las instituciones debieron investigar; y que la prevención quede reducida a una palabra en el título de la ley.
México necesita una ley general que eleve el piso de protección en todo el país. El Congreso tiene la oportunidad de corregir los vacíos señalados, contrastar las iniciativas y escuchar a quienes conocen las fallas del sistema porque las han enfrentado. Una legislación contra el feminicidio se juzgará por las vidas que ayude a proteger, ojalá que esta Ley General no sea únicamente una respuesta frente a la muerte, que sea ante todo, un compromiso del Estado mexicano con la vida de las mujeres.
