Vuelven a los juzgados

Fuera de todo

Denise Díaz Ricárdez

En medio de dudas, desconsuelos y hasta certezas hoy vuelven -luego de casi dos meses- a sus actividades los empleados y juzgadores federales en todo el país –junto con 50 mil empleados y trabajadores- que aún no saben bien a bien cómo quedan con la reforma judicial aprobada.

Ministros, magistrados y jueces están en su derecho al retiro a los que así les corresponda y la mayoría a ser liquidados conforme a la ley laboral con tres meses de salario, 20 días por año y los alcances de aguinaldos y otras prestaciones, porque habrán de ser elegidos o sustituidos mediante votación la mitad de ellos en junio entrante.

Eso sí, tienen derecho a inscribirse en las votaciones abiertas a la población –lo cual ha de organizar el Instituto Nacional Electoral- o de plano a sujetarse a las referidas liquidaciones.

El Congreso de la Unión avaló de ayer la base legal de elección de 881 juzgadores federales como e mencionó a mediados del años entrante.

Más allá de la imagen general o de lugares comunes que se tienen de los juzgadores -que van desde corruptos a ineficientes- hay que sopesar también que algunos sí cumplen a cabalidad su compromiso como responsables de aplicar la ley y el estado de derecho.

Pero como sea entre abogados preparados o muy poderosos y muchos recovecos de las leyes, hay juicios que de verdad duermen el sueño no de los justos, o de los injustos, en los escritorios y archivos de los juzgados, empolvados literalmete.

De tal manera que la reforma judicial era impostergable si lo que de verdad se persigue es contar con unos marcos legales y juzgadores comprometidos con las leyes y por supuesto con el mayor de los objetivos: la justicia.

Hay pues ministros, magistrados, jueces que sí han cumplido con sus deberes; hay algunos que han navegado en las componendas y en los favoritismos y muchos que sin deberla ni temerla han de ser despedidos y dedicarse a otras cuestiones.

Ya hubo tómbola, ya se han de ir y en el fondo lo que se persigue es el respeto y la aplicación de las leyes con la prontitud que merece la sociedad, el equilibrio de poderes, el cumplimiento de tratados internacionales, los fallos con toda justicia.