José Luis Parra
La elección del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —con todo y su barniz de proceso interno— es apenas la mitad de la película. El resto se proyectará en pantalla grande hasta 2027, cuando llegue la segunda parte del experimento: la elección por voto popular de jueces y magistrados. Si esto falla, ¿quién cargará con el cadáver institucional? ¿Quién firmará el acta de defunción del Poder Judicial? ¿Quién pagará los platos rotos cuando la curva de aprendizaje se convierta en pared?
El nuevo presidente de la Corte, un defensor de pueblos indígenas de bajo perfil público, no llegó ahí por generación espontánea. Lo empujó la maquinaria de la doctora Claudia Sheinbaum, con todo y el beneplácito del gran director de escena: Andrés Manuel López Obrador. Por eso, aunque digan que es juez, su investidura ya carga sospechas de parte.
Se habla de sus méritos, de su trabajo a ras de tierra, de su vocación humanista. Todo eso puede ser cierto. Pero también es cierto que en la nueva aritmética del poder, los méritos son secundarios si no llevan estampado el sello de la 4T. Porque hoy en México, para subir hay que firmar antes el contrato de adhesión ideológica.
Laboratorio judicial
El país se convertirá, por obra y gracia del obradorismo, en un laboratorio de derecho con experimentos de dudosa ética. Jueces que aún no saben qué botón apretar, ministros sin trayectoria académica relevante, fiscales con lealtades divididas. Todo en nombre del pueblo, pero sin el pueblo.
Nos enfrentamos a una posible mutación del Estado de derecho: de una justicia lenta y elitista a una justicia popular, improvisada y politizada. Y eso —nos guste o no— no es justicia. Es espectáculo judicial con libreto partidista.
La otra mitad
Apenas se cerró la elección presidencial cuando la agenda real de gobierno comenzó a correr con el cronómetro en la mano. La reforma al Poder Judicial no es una ocurrencia de último minuto, sino una pieza clave del plan transexenal de AMLO. Claudia sólo ejecuta. El que sigue mandando es el caudillo. Y el mensaje es claro: si con los ministros actuales no se pudo, se cambian. Si con la Constitución no alcanza, se reescribe.
Como escribió uno de esos viejos sabios del poder: “La historia juzgará”. Pero mientras llega el juicio, aquí seguimos todos como extras de una película que no sabemos cómo termina, pero que huele a autoritarismo de estreno.
Los responsables
Cuando el experimento judicial haga agua —porque la justicia no se improvisa— habrá que voltear a ver a quienes hoy aplauden y callan. Si el sistema colapsa, si los jueces electos por voto popular se convierten en piezas de ajedrez político, no bastará con señalar al presidente saliente. También deberán responder la presidenta entrante, los legisladores que votaron sin leer, los opositores que se cruzaron de brazos, y el nuevo presidente de la Corte, si calla por prudencia o complicidad.
Es la hora de nombrar responsables. Porque en México, cuando todo se va al carajo, siempre hay alguien que sale diciendo: “No sabíamos”.
Con toga prestada
Nos prometieron un Poder Judicial con toga nueva, pero lo que viene es un desfile de candidatos con toga prestada, avalados por partidos, sindicatos, organizaciones sociales con más grilla que principios. Magistrados electos con el voto de colonias, jueces en campaña ofreciendo sentencias a modo.
¿Alguien ha pensado que los juicios podrían resolverse en TikTok o en spots de radio? ¿Que un buen “like” valdrá más que un buen amparo? ¿Que los que antes vendían colchones en la tele ahora serán ministros?
Pues agárrese. Porque ya empezó la preventa. Y como siempre, no hay devoluciones.
