Por Alejandra Del Río
La renuncia de Adan Augusto a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado y, con ello, a la presidencia de la Junta de Coordinación Política— se anunció como un movimiento “táctico”: dejar la conducción legislativa para concentrarse en el trabajo territorial rumbo a 2027, asumiendo Ignacio Mier el relevo.
Pero en política las renuncias rara vez se explican solo por la versión oficial. La decisión llega en el momento exacto en que el nombre del tabasqueño vuelve a chocar con un triángulo explosivo: señalamientos de tráfico de influencias y redes delictivas en Tabasco; el caso de su exsecretario de seguridad, Bermudez Requena acusado y preso por encabezar una organización criminal; y denuncias y reportajes sobre presuntas irregularidades ligadas a su actividad notarial y a empresas constituidas en notarías asociadas a su círculo, con desfalcos de más de 3200 millones de pesos.
La pregunta no es si se fue “por voluntad propia”. La pregunta es cuánto vale, para el poder, seguir sosteniendo a un operador cuando el expediente mediático-judicial ya no se puede esconder bajo la alfombra.
El oficialismo manejó la salida como un reacomodo interno: él se queda como senador, se va a operar territorio (cuarta circunscripción) y el grupo se “reordena” para llegar cohesionado a 2027.
Mientras tanto, radio pasillo en el senado ya habla de que si pidieron su cabeza los vecinos y terminará si bien le va y se pone de modo, como testigo protegido en EU…démosle tiempo al tiempo.
Desde Palacio, Sheinbaum buscó marcar distancia: “fue su decisión”, una línea que sirve para dos cosas a la vez: despresuriza al gobierno y deja al personaje caminando solo, sin el paraguas de la investidura pero con fuero de legislador…
Su némesis fue la caída de Bermúdez Requena, líder de la Barredora que fue nombrado y sostenido en la estructura estatal durante el periodo y bajo el cobijo de Adán Augusto.
Aquí el problema político no es jurídico (eso lo dirán las fiscalías y los jueces), sino simbólico: cuando cae un jefe policial por crimen organizado, la pregunta siempre vuelve a la cúspide. ¿Nadie vio? ¿Nadie supo? ¿O se supo y se toleró? Respuesta evidente, un pillo más de la palomilla de Los lópez -Adán y Andrés-
Investigaciones periodísticas y denuncias en las fiscalías han descrito además redes empresariales y de contratación relacionadas con Adán y su notaría, señalamientos sobre factureras y mecanismos de simulación en adjudicaciones que se habrían expandido más allá de Tabasco, cuando llegó a Gobernación.
El otro frente es el de la “legalidad de escritorio”: reportes de “Mexicanos contra la corrupcion” documentaron que en notarías vinculadas a él y a su hermano se constituyeron sociedades que después aparecieron en listados del SAT como empresas fantasma, y que se relacionan con desvíos investigados incluyendo el caso de desvíos de Pemex.
En paralelo, la presión se volvió formal: El Presidente del PRI, el Senador Alejandro Moreno y una legisladora del PAN presentaron denuncias por presunto desvío de recursos y corrupcion además de vínculos con la delincuencia organizada, yo misma estuve en el senado el día que Alito habló sobre las redes delincuenciales del cartel de Macuspana y descubrió muchos de los malos manejos de Adán, también fui testigo de que pasaba quitado de la pena y sin ninguna preocupación frente a la conferencia donde se le acusaba, sabiéndose completamente inmune con la vacuna AMLO.
Como si esto fuera poco sus propias inconsistencias patrimoniales, lo
Echaban de cabeza el “enriquecimiento imposible” que por supuesto López atribuyo a herencias y honorarios que nunca comprobó.
En conjunto, lo que se dibuja es un patrón que México conoce demasiado bien: cuando el poder se vuelve fábrica de estructuras corporativas, el Estado deja de ser árbitro y se convierte en plataforma.
Ya por último súmenle el tráfico de influencias, el operador que beneficia a sus íntimos y se vuelve problema.
El tráfico de influencias rara vez se prueba con una sola firma; se detecta por el comportamiento del sistema: contratistas que se repiten, redes que ganan “por turnos”, amistades que se vuelven licitaciones y operadores que pasan de cargo en cargo sin rendición de cuentas.
En Tabasco, se sabe que existió un entramado empresarial que creció en el periodo de gobierno de Adán y luego se extendió a otras entidades y a nivel federal.
En Morena: se está aplicando una clara distancia preventiva
(No vaya a ser que los vecinos les cumplan las amenazas y vengan por los tabasqueños teniendo todavía todo el poder legislativo en las manos)
Al deslindarse, la Presidenta gana aire, pero también queda obligada a algo: si el caso escala (denuncias, investigaciones, filtraciones), tendrá que demostrar que su frase “no hay privilegios” no es solo slogan.
Si el caso de la Barredora sigue produciendo detenciones y evidencia, el golpe no será solo para un individuo, sino para la credibilidad de la estrategia de seguridad: porque exhibe cómo el crimen puede infiltrar estructuras estatales.
La oposición en particular el PRI que fue el primero en llamar a las cosas por su nombre y a Adán narco político líder de un cartel, saldrá rápidamente a marcar el deslinde de la presidenta y la caída del “hermano” de AMLO como primer paso del debilitamiento de Morena y Sheinbaum por su parte revirara con la cantaleta de siempre el contra-relato: “guerra sucia + persecución política”. Esa colisión, en año electoral, suele destruir matices y premiar el escándalo.
Cada vez que un caso así se instala, la sociedad aprende una lección tóxica: que denunciar es peligroso y que la justicia es selectiva. La conversación pública sobre represalias a denunciantes anticorrupción ya está viva.
El verdadero terremoto que estoy segura que no veremos aún sería que México —por una vez— viera consecuencias claras y verificables: investigaciones que avanzan, procesos transparentes, sanciones si hay delito, y absoluciones si no lo hay, pero con pruebas. Sin eso, solo habrá lo de siempre: reacomodos, narrativas, y un país que paga la factura de la impunidad.
