El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó una comisión para verificar la integridad de las candidaturas que competirán en las elecciones de 2027, ante advertencias sobre posibles intentos del crimen organizado para financiar campañas, presionar a autoridades, corromper funcionarios y decidir quiénes participan.
Los comicios contemplan la renovación de 17 gubernaturas, mil 98 diputaciones de 31 congresos locales y más de 2 mil 200 presidencias municipales y alcaldías en 30 entidades. Con ocho partidos en contienda, el INE calcula que podrían existir más de 30 mil candidaturas sujetas a verificación.
La coincidencia de 32 procesos locales con la elección federal genera preocupación porque, según expuso el consejero Arturo Chávez, la delincuencia organizada ha intervenido con mayor claridad en los ámbitos estatal y municipal durante los últimos años.
En las elecciones de 2024, organizaciones civiles como Data Cívica registraron 138 agresiones contra candidatos: 40 asesinatos, 41 atentados, 32 amenazas, 14 ataques armados, 10 secuestros y una desaparición.
Chávez, presidente de la nueva Comisión de Verificación de Candidaturas, advirtió que la delincuencia organizada “no tiene ideología política” y busca infiltrarse donde sea posible, sin importar el partido.
El consejero llegó al Consejo General del INE en abril pasado y mantiene una relación personal y profesional con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien impulsó la reforma legal para crear la comisión.
La comisión también está integrada por las consejeras y consejeros Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas. Su tarea será contactar a instituciones del Gabinete de Seguridad para revisar los perfiles de las futuras autoridades electas.
Los lineamientos establecen que la verificación iniciará de manera voluntaria y a solicitud de los partidos, que deberán entregar sus listas de candidatos. La comisión pedirá información a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria, la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, el Centro Nacional de Inteligencia, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Las instituciones determinarán si existe un riesgo razonable y responderán directamente a los partidos. La comisión del INE no calificará ni valorará ese riesgo, no podrá retirar candidaturas y tampoco tendrá acceso a los datos sensibles.
La negativa de un partido a someter a verificación a sus candidatos no tendrá consecuencias jurídicas ni será considerada, por sí misma, un indicio de riesgo.
“La decisión final de mantener las postulaciones corresponderá única y exclusivamente a los partidos políticos y candidatos independientes, quedando en ellos la responsabilidad política ante la ciudadanía”, señaló Chávez. Los listados, los datos personales y los resultados deberán permanecer bajo reserva.
Durante la sesión de aprobación de los lineamientos, los partidos solicitaron medidas más eficaces para frenar la violencia contra sus candidatos. La oposición ha denunciado desde 2021 la presunta injerencia del crimen organizado en favor de Morena y sus aliados en Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Colima, Nayarit, Baja California, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
Representantes de Movimiento Ciudadano y PAZ expresaron su preocupación por enfrentar otra elección con candidatos amenazados o asesinados.
