Aguas muy turbias

José Luis Parra

Las aguas de la política nacional están demasiado revueltas y, por momentos, bastante turbias. Y cuando eso ocurre, lo más prudente es prepararse para movimientos bruscos, de esos que terminan por hacer tambalear a más de uno… o una.

Porque mientras Chihuahua y su exfiscal acaparan reflectores, hay quienes advierten que los verdaderos movimientos telúricos podrían registrarse en el Instituto Nacional Electoral (INE), convertido en una especie de feudo de la sonorense Guadalupe Taddei.

¿Y por qué remarcar el origen de la cuestionada funcionaria?

Simple y sencillamente porque su hijo, Luis Rogelio Piñeda Taddei, despacha como secretario particular del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Hasta ahí, alguien podría argumentar que los hijos no tienen por qué cargar con las responsabilidades de sus padres, ni viceversa.

Y tendría razón.

Pero resulta que Durazo no solamente gobierna Sonora. También preside el Consejo Nacional de Morena, el partido en el poder.

Así que tenemos a la presidenta del organismo encargado de arbitrar las elecciones y, por otro lado, a su hijo trabajando en el círculo más cercano de uno de los principales dirigentes del partido gobernante.

¿Es ilegal? No necesariamente.

¿Demuestra una intervención indebida de Taddei? Tampoco.

¿Es políticamente saludable para la credibilidad del árbitro electoral? Ahí está el detalle.

Porque en política las apariencias también pesan, y mucho. Sobre todo cuando se supone que quien debe vigilar la contienda tiene que mantenerse a prudente distancia de quienes participan en ella.

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Y por si faltara algún ingrediente, aparece el curioso caso de Jonathan Navarrete Torres, identificado oficialmente como chofer de Guadalupe Taddei, pero a quien, según versiones periodísticas, nadie parece conocer en las instalaciones del INE.

Un chofer prácticamente fantasma, pues.

Lo verdaderamente delicado es que Navarrete también figura como apoderado legal de Corporativo Zeg, empresa proveedora de materiales electorales. Una relación que, de acuerdo con lo publicado, no aparece en su declaración patrimonial.

Vaya coincidencias.

Habrá que escuchar las explicaciones correspondientes, porque una cosa son los señalamientos periodísticos y otra las responsabilidades que eventualmente pudieran acreditarse.

Pero el asunto no es menor.

Y menos cuando, en este ambiente de sospechas, empieza a circular la versión de que el oficialismo podría impulsar una reforma constitucional para desaparecer al INE en su configuración actual, aprovechando la fuerza legislativa de Morena y sus aliados.

Por ahora, hablamos de una versión, no de una decisión consumada.

Sin embargo, la pregunta resulta inevitable: ¿se pretende reformar al árbitro electoral para fortalecer la democracia o para que deje de incomodar al poder?

Porque una cosa es corregir las deficiencias de una institución y otra muy distinta desmantelar los contrapesos.

Y ya sabemos que, cuando el poder concentra demasiado poder, difícilmente lo hace para repartirlo.

Habrá que estar atentos.

Porque si los movimientos anunciados se concretan, más de uno podría terminar sepultado entre los escombros políticos.

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Y no precisamente por un temblor natural.

SLIM Y LOS NEGOCIOS DEL AGUA

En otro frente, el hombre más rico de México, Carlos Slim, parece encontrar resistencias donde antes acostumbraba encontrar oportunidades de negocio.

El motivo es el millonario mercado de infraestructura hidráulica en Jalisco, particularmente las obras destinadas a mejorar el suministro de agua en la zona metropolitana de Guadalajara.

En torno a las necesidades de infraestructura se manejan inversiones que superarían los 40 mil millones de pesos, aunque los proyectos específicos tienen presupuestos distintos.

Y, como era de esperarse, un pastel de semejantes dimensiones despierta apetitos empresariales.

Grupo Carso buscaría participar mediante esquemas de inversión mixta, donde gobierno e iniciativa privada compartan recursos, riesgos y, desde luego, beneficios.

Pero aparentemente las puertas de Palacio Nacional no están tan abiertas como quisiera el magnate.

Según versiones que circulan alrededor del proyecto, desde el Gobierno federal existiría resistencia a permitir que particulares controlen obras estratégicas de suministro de agua.

El argumento estaría relacionado con experiencias anteriores de empresas vinculadas al conglomerado de Slim en infraestructura hidráulica, que han generado controversias contractuales y problemas operativos.

Entre los antecedentes que se mencionan aparecen una planta de tratamiento en Hidalgo y el proyecto de El Realito, en San Luis Potosí, donde se han denunciado fallas estructurales y dificultades de suministro.

Y aquí surge otra pregunta interesante.

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¿Se trata de una legítima preocupación del gobierno por proteger un servicio público esencial o de una disputa por determinar quién controla los grandes negocios del agua?

Porque tampoco conviene pecar de ingenuos.

En México, cuando se habla de inversiones multimillonarias, los argumentos técnicos suelen caminar acompañados de intereses políticos y económicos.

Además, en este asunto aparece otro personaje cercano al círculo presidencial: Efraín Morales López, titular de Conagua y hermano de Carlos Augusto Morales, quien ha formado parte del equipo más cercano de Claudia Sheinbaum.

De ahí que las decisiones en materia hidráulica también tengan una lectura política.

Lo curioso es que, mientras se habla de posibles desencuentros entre Slim y el Gobierno federal, desde el Senado aparecen reconocimientos para el empresario.

El senador Higinio Martínez propuso que el propietario de Telmex sea considerado para recibir la medalla Belisario Domínguez.

Así que, por un lado, habría resistencias para abrirle la puerta a determinados negocios y, por el otro, se plantea reconocer públicamente su trayectoria.

Nada extraño en la política mexicana.

Aquí se puede discutir con un empresario por contratos millonarios y, al mismo tiempo, considerarlo merecedor de una de las más altas distinciones del país.

Al final, lo importante será saber si las decisiones sobre el agua se toman pensando en los millones de ciudadanos que necesitan el servicio o en los intereses de quienes pretenden administrarlo.

Porque los negocios pueden esperar.

La sed de la gente, no.