FGR asume denuncia contra Pablo Lemus por presuntas agresiones y tortura en protesta de Guadalajara

La Fiscalía General de la República (FGR) asumió la investigación de una denuncia presentada contra el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, por presuntas agresiones, detenciones arbitrarias y actos de tortura contra manifestantes durante una protesta realizada el 11 de octubre en Guadalajara.

La denuncia fue presentada por la abogada, activista y directora del colectivo Acceso a la Salud, Justicia y Educación, Adriana Gabriela Arreola Dueñas, quien acusó haber sufrido violencia policial durante una manifestación frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador.

De acuerdo con información publicada por La Jornada, la FGR notificó a la denunciante, mediante un acuerdo fechado el 30 de octubre, que ejercerá sus facultades de investigación sobre los hechos. La activista solicitó la intervención federal ante su desconfianza en las autoridades estatales.

La movilización buscaba exigir el suministro de agua limpia y terminó con enfrentamientos y una intervención policial que los participantes denunciaron como violenta.

Arreola Dueñas aseguró que elementos policiales la golpearon, sometieron y despojaron parcialmente de su ropa. También señaló que fue llevada por la fuerza al interior de Casa Jalisco junto con su hija de 19 años, Adriana María Aceves Arreola.

Según su testimonio, tres mujeres policías la levantaron de la calle y comenzaron a agredirla cuando intentó detener los golpes contra otros manifestantes, luego de que las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos.

“Me iban agrediendo, me subieron la sudadera y me bajaron el pants. Cuando estuvimos en la Fiscalía del Estado nos desnudaron a todos los que estuvimos ahí. No sé quién los está asesorando y por qué tratan a las personas de esa manera”, denunció.

La activista afirmó que las agresiones le causaron lesiones documentadas en un parte médico. Añadió que, durante su retención, policías usaron una mascada para sujetarla y posteriormente estuvieron cerca de asfixiarla con la capucha de su sudadera.

De acuerdo con su relato, los hechos habrían ocurrido incluso en presencia de personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ).

La intervención federal fue solicitada el 28 de octubre, después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asumiera las investigaciones relacionadas con la actuación de las fuerzas de seguridad durante la protesta.

Según lo señalado por la activista, el organismo nacional identificó que un grupo de personas que provocó disturbios durante la movilización habría mantenido coordinación con autoridades policiales, situación que forma parte de los cuestionamientos al operativo.

Los señalamientos también alcanzaron a la CEDHJ. Su presidenta, Luz del Carmen Godínez, fue llamada a comparecer ante legisladores locales por presunto encubrimiento, luego de rechazar que se hubieran cometido actos de tortura contra las personas retenidas.

Por su parte, Pablo Lemus había anunciado que se investigarían los hechos y se sancionaría a los responsables de posibles abusos policiales. Sin embargo, tres semanas después de la manifestación, el gobierno estatal no había reconocido oficialmente la existencia de actos de tortura.

El abogado de la denunciante, José Francisco Salazar González, explicó que la intervención de la Fiscalía federal representa una oportunidad para esclarecer las presuntas violaciones a derechos humanos ocurridas durante la protesta. Señaló que la denuncia busca determinar responsabilidades, establecer sanciones y obtener la reparación integral del daño para las personas afectadas.

La apertura de la investigación federal no implica que se haya acreditado responsabilidad penal del gobernador ni de los servidores públicos señalados. La FGR deberá analizar testimonios, pruebas médicas y otros elementos para determinar si existieron delitos y posibles responsabilidades conforme avance el procedimiento.