Contratista vinculado con Guadalupe Taddei busca frenar posible orden de aprehensión

José Alfredo Hernández Casillas, contratista del Instituto Nacional Electoral (INE) y vinculado con Guadalupe Taddei Zavala, promovió una demanda de amparo ante el temor de que exista una orden de aprehensión o comparecencia en su contra, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos millonarios con organismos electorales.

De acuerdo con información revelada en exclusiva por Latinus, el empresario presentó el recurso el 9 de febrero de 2026 mediante el despacho Hernández Barros. En la demanda pidió la suspensión provisional y, en su caso, definitiva de cualquier mandamiento judicial que pudiera existir en su contra.

Hernández Casillas aseguró en el escrito que no ha cometido delito alguno y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades, aunque señaló desconocer si alguna instancia judicial había ordenado su detención o comparecencia.

Según su versión, el 21 de enero de 2026, alrededor del mediodía, presuntos agentes de la policía ministerial acudieron a su domicilio en avenida de Las Fuentes, colonia Jardines del Pedregal, para preguntar por él.

El empresario relató que los agentes dijeron contar con una orden de aprehensión y otra de comparecencia, pero se retiraron sin localizarlo ni proporcionar información sobre las autoridades que habrían emitido los mandamientos.

Por ello, solicitó a distintos jueces federales de la Ciudad de México y el Estado de México informar si existen investigaciones o expedientes judiciales en su contra, así como identificar a las autoridades responsables de las presuntas órdenes.

En el documento, el contratista defendió su trayectoria y rechazó haber cometido conductas delictivas. “Siempre he gozado de una buena reputación, soy respetuoso de nuestras leyes mexicanas, a pesar de estar cierto de que el suscrito no ha cometido delito alguno. (…) Soy ciudadano mexicano y en todo momento me he conducido conforme a nuestro marco constitucional”, escribió.

El nombre de Hernández Casillas cobró relevancia pública tras la difusión de grabaciones y videos que exhiben su cercanía con Guadalupe Taddei Zavala, quien se desempeñaba como consejera presidenta del INE cuando surgieron los señalamientos.

Los materiales difundidos generaron cuestionamientos por presuntos conflictos de interés, tráfico de influencias y posibles irregularidades en el reparto de contratos millonarios relacionados con empresas proveedoras de instituciones electorales. En otras grabaciones aparecen los hijos de Taddei Zavala en un viaje a París junto con el empresario.

Hernández Casillas figura como apoderado de Cajas Graf y está relacionado con otras empresas que han obtenido contratos millonarios del INE y de organismos públicos electorales locales. A raíz de las acusaciones, el instituto inició una revisión de las contrataciones efectuadas durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.

Para tramitar el amparo, autorizó como representantes legales a Julio Antonio Hernández Barros, Julio Antonio Hernández Sicilia, Raúl Monzón González y Jesús Fernández Hernández, designados para intervenir en su defensa ante autoridades judiciales.