Contratista ligado a Guadalupe Taddei solicita amparo ante posible orden de aprehensión

José Alfredo Hernández Casillas, contratista del Instituto Nacional Electoral (INE) y vinculado con Guadalupe Taddei Zavala, promovió una demanda de amparo ante el temor de que existiera una orden de aprehensión o comparecencia en su contra, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades en contratos millonarios con organismos electorales.

De acuerdo con información revelada por Latinus, el empresario presentó el recurso el 9 de febrero de 2026, mediante el despacho Hernández Barros. En la demanda solicitó la suspensión provisional y, en su caso, definitiva de cualquier mandamiento judicial que pudiera existir en su contra.

Hernández Casillas sostuvo que no ha cometido delito alguno y señaló que está dispuesto a colaborar con las autoridades. También manifestó desconocer si alguna instancia judicial había ordenado su detención o comparecencia.

Según relató, el 21 de enero de 2026, alrededor del mediodía, presuntos agentes de la policía ministerial acudieron a su domicilio en avenida de Las Fuentes, colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, para preguntar por él.

El empresario afirmó que los agentes dijeron contar con una orden de aprehensión y otra de comparecencia, pero se retiraron sin proporcionar información sobre las autoridades que habrían emitido esos mandamientos, luego de no localizarlo.

Ante ello, solicitó a jueces federales de la Ciudad de México y del Estado de México que informaran si había investigaciones o expedientes judiciales en su contra, además de identificar a las autoridades responsables de las presuntas órdenes.

En el documento, el contratista defendió su trayectoria y rechazó haber incurrido en conductas delictivas. “Siempre he gozado de una buena reputación, soy respetuoso de nuestras leyes mexicanas, a pesar de estar cierto de que el suscrito no ha cometido delito alguno. (…) Soy ciudadano mexicano y en todo momento me he conducido conforme a nuestro marco constitucional”, escribió en la demanda.

El nombre de Hernández Casillas adquirió relevancia pública por la difusión de grabaciones y videos que mostraban su cercanía con Guadalupe Taddei Zavala, quien se desempeñaba como consejera presidenta del INE cuando surgieron los señalamientos.

Los materiales generaron cuestionamientos sobre presuntos conflictos de interés, tráfico de influencias y posibles irregularidades en la asignación de contratos millonarios relacionados con empresas proveedoras de instituciones electorales. En otras grabaciones aparecen los hijos de Taddei Zavala durante un viaje a París junto con el empresario.

Hernández Casillas figura como apoderado de Cajas Graf y está relacionado con otras empresas que han obtenido contratos millonarios del INE y de organismos públicos electorales locales. A raíz de las acusaciones, el instituto inició una revisión de las contrataciones efectuadas durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala.

Para tramitar el amparo, autorizó como representantes legales a Julio Antonio Hernández Barros, Julio Antonio Hernández Sicilia, Raúl Monzón González y Jesús Fernández Hernández, designados para intervenir en su defensa ante autoridades judiciales.