José Luis Parra
En Tamaulipas, donde el Estado lleva años reprobando cualquier prueba de toxicología política, brota una peste peor que el huachicol: la podredumbre institucional. No es un rumor, es un expediente abierto. Hoy, la peste huele a diésel robado y a autos clásicos pagados de contado.
Francisco Javier Antonio Martínez, quien de taquero saltó a administrador portuario, aparece en las actas como socio de empresas que trafican combustible disfrazado de aditivos. Un ascenso milagroso que sólo puede explicarse a través de la fe… o del crimen organizado. Hoy Martínez maneja las finanzas del puerto de Tampico, bajo la cómoda sombra de la Secretaría de Marina. Por supuesto, olvidó mencionar en su declaración patrimonial que era socio de empresas investigadas por huachicol. Pero sí reportó con esmero la compra de sus 18 vehículos, entre ellos joyas automotrices valuadas en cientos de miles de pesos. Prioridades.
Mientras tanto, en Altamira, las pipas entran y salen como en desfile militar. No hubo detenidos en el decomiso histórico de 10 millones de litros de huachicol. ¿Coincidencia? A otro perro con ese hueso.
Narcopolítica: Made in Tamaulipas
Y si en los puertos huele a petróleo robado, en Matamoros apesta a cocaína y a terror institucional. El alcalde morenista Alberto Granados Favila fue interceptado por Homeland Security, la DEA y el FBI. ¿Motivo? Sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, vía familiares directos de un capo detenido. El alcalde, claro, se defiende como escolar sorprendido en la dirección: “No son mis amigos, sólo nos tomamos fotos”.
Tamaulipas no necesita campañas de desprestigio. Se basta solo. Y el derrumbe del entramado criminal-político ya es un espectáculo transfronterizo. Para Estados Unidos, el Ayuntamiento de Matamoros ya es una “organización criminal terrorista”. Bonito legado de la 4T en el noreste mexicano.
Dinero sucio, gasolina negra
Mientras el gobierno federal simula operativos y presume decomisos que no tocan a nadie importante, en Texas cae la empresa Arroyo Terminals: 2,881 cargamentos de combustible ilegal, millones de dólares en juego, empresas mexicanas beneficiadas… ¿Y adivinen dónde operaban? Exacto: Tamaulipas, tierra de gobernadores con amnesia selectiva y puertos más permeables que un colador de cocina.
La 4T, que llegó prometiendo acabar con la corrupción, hoy administra huachicoleros en cargos públicos y permite que los barcos de diésel robado atraquen como turistas VIP. El problema ya no es si hay corrupción. El problema es quién la coordina.
De huachicoleros a coleccionistas
La historia de Francisco Javier Antonio Martínez no es una anécdota. Es el modelo. De operarios de taquería a magnates automotrices en menos de un sexenio. Con sueldos oficiales que no cuadran ni para comprar un neumático de sus joyas clásicas, estos nuevos ricos de la administración pública representan el verdadero rostro de la transformación: hambre de poder, impunidad garantizada y la bendición cómplice de las más altas esferas.
Y mientras tanto, en eventos públicos, Martínez sonríe al lado de almirantes y alcaldes. La foto oficial siempre limpia, aunque el rastro de combustible ilegal sea imposible de ocultar.
El principio del fin
Todo indica que el desplome de la narcopolítica iniciará en Tamaulipas. La alianza intolerable entre funcionarios y crimen organizado ya no puede sostenerse ni con discursos mañaneros. La pinza de la DEA y el FBI aprieta, la evidencia crece y las coartadas se desmoronan.
Quizá el gran colapso no lo veremos en las urnas, sino en las cortes de Estados Unidos. Y entonces, en efecto, como advirtió el clásico, la historia juzgará… y no tendrá clemencia.
