José Luis Parra
Si en México había alguna duda de que la televisión era más que entretenimiento y noticieros bonachones, el escándalo de TelevisaLeaks se encargó de despejarla con precisión quirúrgica. El mito de la empresa que “solo informa lo que pasa” se desmoronó con una cascada de cinco terabytes de evidencia que huelen a cloaca institucional: chats, videos, contratos, bots, magistrados, campañas sucias y hasta denuncias de abuso infantil fabricadas como si fueran libretos de La Rosa de Guadalupe.
Bienvenidos a Chapultepec 18, la sede de operaciones del Grupo “Palomar”, una célula de guerra sucia operada desde las entrañas de Televisa y financiada —en parte— por el Poder Judicial. ¡Sí, por la Suprema Corte! Como diría Cantinflas, “aquí está el detalle”. Y qué detalle: millones de pesos públicos desviados para construir narrativas falsas y destruir reputaciones reales.
El reality de la desinformación
Los protagonistas del melodrama no son actores, pero qué papeles. Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, copresidentes del emporio, son señalados como los avales de esta operación clandestina. Karla Aguilar Ballesteros fabricaba videos falsos, mientras que Juan Manuel Torres —doble identidad: empleado de Televisa y accionista de Metrics to Index— cobraba por ensuciar desde las sombras digitales.
¿Y quién pagaba? Nada menos que la Suprema Corte, con un contrato de 47 millones de pesos durante el mandato de Arturo Zaldívar, ese que hoy se vende como progresista y feminista en redes. ¿Y las víctimas? Un abanico tan amplio como inquietante: Carmen Aristegui, Carlos Slim, Ricardo Salinas, AMLO, Sheinbaum, Gertz, Adán Augusto… Todos ellos blanco de campañas diseñadas para engañar, dividir, deslegitimar.
Una operación de Estado, pero sin Estado de derecho.
La verdad tiene psiquiatra
El hombre que lo reveló todo se llama Germán Gómez García. Ex trabajador de Televisa. Sobrino de Salvador García Soto. El columnista, rápido de reflejos, se deslindó diciendo que el joven filtrador tiene “problemas psiquiátricos diagnosticados”. En este país, cuando alguien revela una verdad incómoda, no se le responde con argumentos, sino con un certificado médico.
Hay que tener problemas mentales, sí, pero para haber creído que este tipo de operaciones no se descubrirían. Para su mala suerte, la filtración fue directa a Aristegui Noticias. Sí, a esa misma periodista que Televisa intentó destruir en múltiples ocasiones. Ironía con dirección IP.
Bots con toga y birrete
No es solo Televisa. Esto toca al Poder Judicial, al corazón de la credibilidad institucional. Porque el involucramiento de funcionarios de la SCJN, como Francisco José Rullán y Mariana Rocío Franco, nos dice que no se trata solo de una televisora descompuesta, sino de un sistema podrido.
En un país donde los periodistas son asesinados por decir la verdad, ahora también son destruidos digitalmente por contarla. La línea entre el crimen organizado y el crimen institucional ya no es una línea. Es un algoritmo.
Y mientras tanto, la narrativa sigue: que si el narco, que si Colosio, que si la oposición no tiene propuesta. Todo bien editado, con música de fondo, y transmitido a las ocho de la noche. Eso sí, con valores familiares.
El cadáver en el canal 2
Esto no es nuevo. Solo es más descarado. En otros tiempos, la manipulación era torpe, de poca monta, con titulares sensacionalistas. Hoy se trata de construir realidades alternativas, sembrar sospechas, fabricar escándalos. ¿Quién necesita la verdad cuando tienes un ejército de bots, guiones prefabricados y magistrados que editan desde la consola?
¿Y qué harán las autoridades? Probablemente nada. Ya se sabe que en México la impunidad también tiene patrocinadores.
Pero esta vez, el cadáver lo dejaron en el canal 2. Y apesta.
