José Luis Parra
Víctor Manuel Álvarez Puga, apodado en círculos oficiales como el “rey de las factureras”, está en la antesala de la extradición. México lo espera como quien recibe a un testigo protegido: con ganas de que hable, pero con terror por lo que puede decir. No porque se dude de su voz, sino por los nombres que su voz arrastra.
El escándalo fiscal de Álvarez Puga no es un caso judicial: es una radiografía del sistema. Son más de 2.950 millones de pesos saqueados, sólo de Gobernación, que según los documentos fiscales, se fueron por el caño de las empresas fantasma, testaferros y amistades de alto pedigrí. Esto no fue corrupción, fue ingeniería. Una arquitectura criminal con planos que se cruzan con la política, el Poder Judicial, el entretenimiento, los empresarios y hasta los jet-setters de Instagram.
La pregunta ya no es si Álvarez Puga hablará, sino a quién arrastrará si se decide a cantar.
Nómina de élite
La red de complicidades fue diseñada para que pareciera imposible de desenredar: transferencias como “honorarios”, pagos de “nómina”, deudas saldadas con recibos fantasmas, outsourcing creativo, constructoras instaladas en casas humildes y testaferros con sueldos de millonarios.
En los documentos aparecen apellidos ilustres y enredados: Monreal, Montiel, Salinas, Ripstein, Reina. Algunos dan explicaciones, otros se esconden en el silencio. Todos están en la misma lista. El nieto de Elba Esther, el hijo de Monreal, el yerno (entonces) de Galilea Montijo. La farándula y la política, esa extraña pareja, vuelven a caminar juntas, pero esta vez no sobre una alfombra roja sino sobre el hilo tenso de la fiscalía.
Lo dicho: no es un escándalo más. Es el retrato de una élite que se retroalimenta, se protege y, cuando hace falta, huye junta.
¿Quién tiene miedo?
La respuesta: todos.
Porque este caso no es sólo sobre dinero. Es sobre poder.
Y el poder en México no se toca.
Se negocia, se intercambia, se oxida… pero no se exhibe.
Álvarez Puga conoce los códigos, y también los secretos. Conoce los mecanismos para hacer que el dinero desaparezca y que los nombres se limpien. Por eso su regreso incomoda a todos los bandos: a los que recibieron, a los que permitieron, a los que hoy acusan y también a los que antes callaron.
Es cierto que el Gobierno de López Obrador y ahora el de Sheinbaum han intentado reactivar la investigación. Pero la maquinaria de impunidad sigue aceitada. Cuatro años prófugo no se logran sólo con suerte.
Del SAT al corazón de Miami
Este caso también tiene mapa.
Y el epicentro se mueve entre San Luis Potosí y Florida.
De una casa en una colonia obrera, a una mansión que fue de Cher. De un testaferro que vive al día, a una red inmobiliaria operada por cuñadas, amigos y apoderados en Miami.
Mientras en México Hacienda perseguía razones sociales con nombres como “Acción y Evolución”, del otro lado del Río Bravo, Gómez Mont y su esposo vivían la evolución… pero de clase social. Lujos, fundaciones altruistas, mansiones, yates, Miami vibes.
Ahí está también la gran hipocresía: mientras presumían vidas de telenovela, tras bambalinas movían el dinero como expertos banqueros suizos. Eso sí: en pesos, en dólares o en facturas falsas, todo blanqueado con glamour.
El terremoto que viene
Esto no ha terminado. Apenas comienza.
Y cuando la lista completa de beneficiarios salga a la luz, México se dará cuenta de que no era una red de factureras… sino de favores.
No todos irán a juicio, claro. Pero la simple exhibición pública será castigo suficiente para algunos. Y para otros, apenas una llamada para mover hilos de protección. El país entero juega a ver quién cae primero: si los amigos de los famosos, los hijos de los poderosos o los nombres de siempre que terminan siendo carne de cañón mientras los cerebros escapan.
Álvarez Puga, el gran orquestador, puede convertirse en el primer gran delator de las élites mexicanas. O en otro expediente olvidado. Todo depende de a quién alcance con su próxima declaración.
Y sobre todo, de quién se atreva a escucharlo.
