Guadalupe Taddei: cuando el árbitro electoral pierde la vergüenza

Por Alejandra del Río Ávila

En México hemos aprendido que la corrupción puede disfrazarse de muchas cosas: austeridad republicana, transformación histórica, justicia social y hasta defensa de la democracia. Pero lo que no habíamos visto con semejante descaro era que la institución encargada de garantizar la limpieza de nuestras elecciones terminara envuelta en un escándalo de corrupción que hoy obliga a preguntarnos quién vigila a quienes cuentan nuestros votos.

La renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, no representa precisamente el final glorioso de una carrera al servicio de la democracia.

Es, por el contrario, además de un vergonzoso episodio de la 4T, el desenlace de una gestión marcada por cuestionamientos a su independencia, decisiones controvertidas e investigaciones sobre conflictos de interés, contrataciones irregulares y triangulación de recursos públicos.

Llegó al INE bajo la promesa de una nueva etapa institucional y si que lo fué, pasamos de la gestión de altísimo nivel de Lorenzo Córdova, a la señora que llego a convertir todo lo que tocaba en oro para sus amigos y familiares.

Las revelaciones periodísticas sobre la relación de Taddei con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, vinculado a empresas proveedoras del INE, abrieron una caja de Pandora que difícilmente podrá cerrarse con una carta de renuncia.

Según investigaciones difundidas por distintos medios, Hernández Casillas habría obtenido contratos millonarios relacionados con materiales electorales y mantenido una relación de cercanía con la familia de la entonces presidenta del Instituto.

Entre los episodios más controvertidos se encuentra un viaje a Francia del empresario con uno de los hijos de Taddei. Una escena que quizá en otro contexto sería simplemente una extravagancia familiar, pero que adquiere una dimensión profundamente incómoda cuando involucra a un contratista de la institución encargada de organizar las elecciones mexicanas.

La frase atribuida al empresario durante aquel viaje, “París a tus pies, muchachito”, podría convertirse en el símbolo involuntario de una administración corrupta, que hoy debe explicar sus relaciones con proveedores.

Mientras millones de mexicanos exigen transparencia y austeridad en el ejercicio de los recursos públicos, las autoridades investigan posibles conflictos de interés y operaciones que, de comprobarse, constituirían una gravísima traición a la confianza ciudadana y una más de la interminable lista de corruptelas de los Morenistas, por más que hoy día la niegue la Presidenta, la Sra. Taddei, es una más de sus decenas de funcionarios cuestionados, pero en este caso, a Guadalupe no le alcanzó para que salieran a defenderla a la mañanera, quizá le faltó el apellido López Obrador ó las conexiones con Sinaloa, pero al día de hoy ya todo Morena está dispuesto a quemarla en leña verde.

La Auditoría Superior de la Federación ha abierto investigaciones sobre presuntas irregularidades. Y aunque corresponde a las autoridades determinar responsabilidades, resulta imposible ignorar la magnitud política del escándalo.

La honestidad de un árbitro electoral no solamente debe existir: debe ser incuestionable, cuando esa confianza se pierde, ninguna renuncia alcanza para recuperarla, tenemos elecciones en 9 meses y la presidenta del INE, pasó de supuestamente respetada árbitro electoral, a protagonista de fraudes y escándalos.

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, fue uno de los dirigentes que exigieron públicamente explicaciones a Guadalupe Taddei, advirtió que, si no podía aclarar los señalamientos de presunta corrupción y conflicto de interés, debía abandonar la presidencia del Instituto.

Su posicionamiento puso sobre la mesa un principio fundamental: la autonomía, imparcialidad y credibilidad del INE están por encima de cualquier funcionario y de cualquier interés partidista.

Tras conocerse la renuncia, Moreno también planteó la necesidad de que la próxima presidencia del Consejo General recaiga en un personaje independiente, ajeno a las presiones del poder político.

Por su parte, el Partido Acción Nacional, el pasado 27 de octubre, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por seis posibles delitos federales relacionados con irregularidades en contrataciones del INE.

Entre las conductas denunciadas figuran peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita, el PAN sostuvo que podrían existir más de 1,600 millones de pesos en contratos irregulares y señaló adjudicaciones por más de 60 millones de pesos correspondientes a materiales que, según sus acusaciones, nunca fueron entregados.

Se trata de cifras y señalamientos que deberán acreditarse mediante las investigaciones correspondientes, pero que por su magnitud exigen respuestas inmediatas.

La coincidencia entre PRI y PAN en exigir transparencia deja una pregunta incómoda: ¿quién puede garantizar elecciones limpias cuando la administración del propio árbitro electoral está bajo sospecha?

La comparación con la administración de Lorenzo Córdova Vianello resulta inevitable. Durante su presidencia, de 2014 a 2023, el INE enfrentó elecciones presidenciales, procesos intermedios, alternancias políticas, ataques presupuestales y constantes presiones desde el poder.

Su gestión no estuvo exenta de críticas ni controversias. Sin embargo, Lorenzo defendió públicamente la autonomía constitucional del organismo y encabezó una institución que logró organizar elecciones altamente competidas, con resultados reconocidos institucionalmente y alternancias pacíficas, para muestra un botón… bajo su conducción se celebró, entre otras, la elección presidencial de 2018, en la que Andrés Manuel López Obrador obtuvo una victoria contundente.

Ese hecho demuestra algo elemental: un árbitro independiente no tiene por qué favorecer a la oposición ni al gobierno. Su obligación es garantizar que los ciudadanos decidan, la diferencia con Taddei es profundamente reveladora.

Lorenzo Córdova confrontaba políticamente los intentos de debilitar al Instituto, Guadalupe Taddei llegó acompañada de cuestionamientos sobre su cercanía con el entorno de Morena y terminó su gestión en medio deacusaciones sobre la administración de los recursos públicos. Una cosa es discutir cuánto cuesta la democracia y otra muy distinta investigar a quién pudo beneficiar el dinero destinado a organizarla.

Guadalupe Taddei sostuvo en su despedida que se retiraba con serenidad y principios, en medio de una verdadera tormenta institucional.

Habrá que recordarle a Lupita, que los principios no se acreditan en una carta de despedida. Se demuestran mediante decisiones, transparencia, rendición de cuentas y respeto irrestricto a la institución que se representa.

La renuncia de Taddei no debe convertirse en una conveniente salida de emergencia para que todo siga igual. La Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos competentes tienen la obligación de investigar hasta las últimas consecuencias, identificar posibles beneficiarios de contratos irregulares y determinar si existieron responsabilidades administrativas o penales.

Y, sobre todo, la Cámara de Diputados deberá impedir que la sustitución de la presidencia del INE se convierta en otro reparto de cuotas políticas.

México enfrentará en 2027 uno de los procesos electorales más importantes de su historia reciente. Lo último que necesita es un Instituto sometido a intereses partidistas, debilitado por escándalos administrativos o encabezado por alguien cuya principal virtud sea la cercanía con el poder.

La democracia mexicana costó décadas de lucha ciudadana, reformas institucionales y enormes esfuerzos para construir un árbitro confiable.

No puede permitirse que ese patrimonio termine comprometido por las relaciones personales o los intereses económicos de quienes tienen la obligación de protegerlo.

Guadalupe Taddei se va. Pero las preguntas permanecen, ¿Quién autorizó los contratos cuestionados? ¿Quién se benefició? ¿Qué controles fallaron? ¿Hasta dónde llegaron las presuntas redes de intereses? Y sobre todo, ¿existirá voluntad política para investigar o volveremos a presenciar el espectáculo nacional de la impunidad?

La democracia no está en venta. Y el INE tampoco debería estarlo