La democracia en renta

José Luis Parra

El Instituto Nacional Electoral, responsable de vigilar la legalidad de las elecciones mexicanas, podría tener metido al enemigo en casa. Y no precisamente por una invasión extranjera. Resulta que el órgano encargado de investigar las irregularidades administrativas del INE está bajo sospecha de operar como una especie de franquicia política donde, según denuncias de extrabajadores, hasta las plazas se rentan.

Bonita manera de cuidar la democracia.

El Órgano Interno de Control, que deberá investigar las anomalías en la administración de la sonorense Guadalupe Taddei, estaría colonizado por el morenista Sergio Gutiérrez Luna, personaje que aparentemente tiene más influencia en el instituto de la que corresponde a sus responsabilidades políticas.

De acuerdo con una investigación publicada por Excélsior, extrabajadores denunciaron que para conservar sus empleos debían entregar una cuota mensual. El famoso diezmo.

Sólo que aquí no se trata de una aportación voluntaria a una causa religiosa, sino de una presunta renta por el derecho a trabajar.

Y vaya negocio.

Un subdirector, con sueldo neto aproximado de 73 mil pesos, debía entregar 15 mil mensuales. Las jefaturas también aportaban su respectiva cuota. Y los depósitos, según los documentos revisados por el diario, terminaban en una cuenta a nombre de una funcionaria del gobierno de Veracruz.

Curiosa coincidencia. Gutiérrez Luna también es veracruzano.

Claro, falta demostrar quién organizó el supuesto negocio, quién recibía finalmente los recursos y hasta dónde llegaba la cadena de beneficiarios.
Porque una cosa es la denuncia y otra demostrar responsabilidades.

Pero el asunto tiene suficiente gravedad para que la Auditoría Superior de la Federación enviara auditores al edificio Zafiro del INE. Es decir, llegaron inspectores para revisar a los inspectores que deben investigar a otros funcionarios.

Todo un trabalenguas administrativo.

Lo preocupante es que el contralor Víctor Hugo Carvente, quien llegó al cargo después de una purga que desplazó a integrantes del grupo Texcoco de Morena, ahora debe garantizar una investigación independiente sobre la administración de Taddei.

¿Podrá hacerlo?

La duda no es menor. Sobre todo cuando también se cuestiona al OIC por investigaciones contra exconsejeros electorales relacionadas con decisiones políticas que, según el Tribunal Electoral, están fuera de las atribuciones de ese órgano fiscalizador.

Aquí aparece otra interrogante: ¿Estamos ante un organismo de vigilancia o un instrumento de control político?

La respuesta debería interesarle a la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque si las denuncias se comprueban, el problema no sería solamente de corrupción administrativa. Estaríamos hablando de una estructura que podría utilizarse para cobrar cuotas, repartir posiciones y presionar a quienes deben actuar con independencia.

Y en medio de todo aparece Guadalupe Taddei.

La sonorense deberá explicar las irregularidades que correspondan a su administración. Pero también tendría derecho a exigir que sus investigadores no respondan a intereses partidistas.

Porque sería el colmo que un organismo bajo sospecha de corrupción pretenda convertirse en juez de otros.

Aunque en la política mexicana ya nada debería sorprendernos.

Y hablando de anomalías institucionales, en el Senado de la República tenemos otro caso digno de estudio.

La senadora migrante de Morena, Karina Ruiz Ruiz, acumula 16 faltas a las sesiones del pleno. No por enfermedad ni por alguna misión oficial. Simplemente porque reside en Phoenix, Arizona, y enfrenta un problema migratorio que le impide viajar a México sin arriesgar su regreso a Estados Unidos.

Resulta que la legisladora es beneficiaria del programa DACA y tiene problemas relacionados con su permiso de residencia vencido.

Vaya paradoja.

Una representante popular mexicana que no puede venir a México a cumplir presencialmente con sus responsabilidades legislativas.

Eso sí, participa virtualmente en algunas comisiones, presenta puntos de acuerdo y mantiene su actividad política a distancia.

La tecnología hace milagros. Hasta permite representar a los mexicanos sin pisar el recinto legislativo.

Según información publicada por El Universal, al menos 12 de sus primeras faltas fueron registradas como justificadas. Incluso solicitó licencia durante las sesiones en que se aprobó una reforma relacionada con la doble nacionalidad para determinadas candidaturas.

La cuestión no es cuestionar su condición migratoria ni desconocer la problemática de miles de mexicanos que viven en Estados Unidos.

El problema es otro.

¿Puede una senadora cumplir cabalmente sus obligaciones cuando su situación legal en otro país le impide presentarse al Senado?

¿Hasta cuándo?

Y una pregunta adicional: ¿Quién decidió que esa condición personal podía resolverse mediante ausencias justificadas?

Porque los ciudadanos votan para tener representantes, no solamente nombres en una nómina legislativa.

En el INE se denuncia que algunos empleados pagan por conservar su plaza. En el Senado hay una legisladora que conserva su escaño aunque no puede acudir a las sesiones.

Dos casos diferentes. Pero con una coincidencia que invita a la reflexión.

Las instituciones públicas parecen tener una extraordinaria capacidad para acomodarse a los intereses de quienes las ocupan.

Unos, según las denuncias, pagan por trabajar.

Otros cobran sin poder presentarse.

Y los ciudadanos, como siempre, pagan la cuenta.

Así funciona nuestra democracia.