La Santísima Trinidad de la 4T

José Luis Parra

Los mexicanos no ven una en esta era de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Los tres principios fueron promocionados como una especie de Santísima Trinidad de la política nacional. Una doctrina casi sagrada que prometía purificar al gobierno de todos los pecados cometidos en el pasado.

Pero en el pecado llevan la penitencia.

Hoy el desprestigio y la falta de credibilidad inundan las esferas del poder. Precisamente por mentir, robar y traicionar. Vaya paradoja.

Y ante cada nuevo escándalo los predicadores de la transformación recurren al mismo evangelio: La culpa es del pasado.

Como si el presente no existiera.
Como si siete años de gobiernos morenistas no fueran suficientes para asumir responsabilidades.

Y como si los nuevos corsarios de la política tuvieran licencia para saquear las arcas públicas, siempre y cuando juren lealtad al movimiento.

Ahora pretenden dosificar las culpas. Un poquito para los gobiernos anteriores, otro tanto para los funcionarios caídos en desgracia y absolutamente nada para quienes desde las alturas del poder permitieron, toleraron o eventualmente se beneficiaron de los presuntos negocios.

El escándalo de corrupción que sacude al Instituto Nacional Electoral es una prueba de fuego para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y también para su discurso de honestidad.

La renuncia de la sonorense Guadalupe Taddei a la presidencia del INE no resuelve absolutamente nada. Por el contrario, abre una caja de Pandora de la que podrían salir nombres de personajes que hasta hace unas semanas se sentían intocables.

Y no precisamente por obra del Espíritu Santo.

Una buena parte de los mexicanos exige que se investigue y castigue a todos los responsables. No solamente a quienes resulten políticamente sacrificables.

Porque, como en el escándalo del huachicol, resulta difícil creer que una pareja de presuntos responsables haya podido construir, operar y sostener durante años un entramado de contratos millonarios sin complicidades dentro y fuera de las instituciones.

Aquí no se trata únicamente de dinero.

Se trata de un posible robo a la nación y de un golpe a la confianza de los mexicanos en su árbitro electoral.

Y eso es mucho más grave.

A tres semanas de iniciado el escándalo, ya existen denuncias ante la Fiscalía General de la República, investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación y actuaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero la sociedad sigue esperando que las pesquisas se traduzcan en responsabilidades penales concretas.

Porque una cosa es investigar y otra muy distinta hacer justicia.

Y mientras tanto, en las alturas de la política se desarrolla una batalla por controlar los daños.

El periodista Héctor de Mauleón describe una trama que, de confirmarse, haría palidecer a más de una novela sobre la corrupción mexicana.

Según su relato, Guadalupe Taddei habría repetido en varias ocasiones una frase que debería poner a temblar a más de uno:

“No estoy sola en esto”.
Una advertencia con destinatarios muy concretos.

De Mauleón refiere que Taddei habría sostenido reuniones con representantes de Palacio Nacional, quienes le exigían abandonar el cargo ante la magnitud del escándalo.

Y en esas conversaciones, según fuentes citadas por el periodista, habrían salido a relucir los nombres de Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Sergio Gutiérrez Luna.

Nada menos que personajes de peso en el Poder Legislativo.

De acuerdo con esa versión periodística, Taddei habría señalado que Monreal y Adán Augusto participaron en la colocación de funcionarios cercanos en puestos directivos del INE. También habría mencionado a otros personajes que presuntamente conocían o se beneficiaban de lo que ocurría dentro del organismo.

Son señalamientos que requieren pruebas e investigación, no condenas anticipadas.

Pero tampoco silencio oficial.

Porque si las sospechas apuntan hacia el Congreso de la Unión, las investigaciones no tendrían por qué detenerse en las puertas de San Lázaro o del Senado.

La justicia no debería respetar fueros políticos ni amistades partidistas.

Y mucho menos pactos de impunidad.

Otro capítulo de la historia narrada por De Mauleón se desarrolla en una residencia de Picacho 259, en el Pedregal, donde el empresario Alfredo Hernández Casillas habría grabado videos de reuniones en las que, según las fuentes del periodista, se acordaban contratos, se repartía dinero y se negociaban posiciones dentro de organismos electorales.

De confirmarse semejante trama, estaríamos ante algo mucho más grave que un conflicto de intereses.

Sería una estructura de corrupción incrustada en instituciones encargadas de garantizar la limpieza de las elecciones mexicanas.

Los árbitros también tendrían su propio partido.
El del dinero.
Y aquí aparece otro sonorense: Alfonso Durazo.

El gobernador de Sonora, según la misma narración periodística, habría intervenido en favor de su protegida política, Guadalupe Taddei, durante las negociaciones para conseguir su renuncia.

La versión señala que Taddei mantuvo informado a Durazo sobre el desarrollo de las conversaciones. También refiere que el mandatario sonorense habría facilitado protección policiaca después de su salida del INE.

Son acusaciones delicadas que deben esclarecerse.

Porque Durazo no es un personaje menor en esta historia. Su cercanía política con Taddei y la presencia de un hijo de la exfuncionaria en su equipo de trabajo colocan al gobernador bajo un inevitable escrutinio público.

Por lo pronto, tendría que aclararse si intervino, por qué lo hizo y con qué facultades se habría proporcionado protección oficial a una exfuncionaria envuelta en semejante escándalo.

La amistad política no constituye delito.

Pero tampoco otorga inmunidad.

Y menos cuando existen sospechas sobre contratos públicos, posibles beneficios económicos y complicidades dentro de las instituciones.

La presidenta Sheinbaum debería tener cabeza fría para enfrentar esta crisis.

Se juega mucho.
Quizá demasiado.

Porque si decide cerrar el expediente con la renuncia de Taddei y concentrar las culpas en un par de empresarios, el costo político podría resultar mucho mayor que el de investigar hasta las últimas consecuencias.

Incluso si en el camino aparecen personajes cercanos a su propio movimiento.

La presidenta tiene dos opciones: Permitir que la justicia llegue hasta donde tenga que llegar o continuar con la vieja costumbre de sacrificar piezas menores para proteger a los verdaderos dueños del tablero.

Por supuesto, siempre bajo los sagrados principios de no mentir, no robar y no traicionar.

Amén.

Cuidado.

Están jugando con la credibilidad del gobierno y con la confianza de millones de mexicanos que creyeron en una transformación moral de la vida pública.

Y podrían estar despertando, una vez más, al México bronco.
Ese que aparece cuando la indignación supera al miedo y la paciencia se agota.
El problema para el régimen es que los pecados del pasado ya no alcanzan para justificar los del presente.
Y la Santísima Trinidad de la 4T corre el peligro de terminar convertida en una fórmula bastante más terrenal:

Mentir para proteger.
Robar con permiso.
Y traicionar para conservar el poder.

Bien dicen que el poder no cambia a las personas. Simplemente las exhibe.