Jóvenes Construyendo el Futuro. La corrupción detrás de la suspensión del programa federal

POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.

A partir de la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México el 1° de diciembre 2018, el programa estrella de política social se llamó “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Descrito a la vez como la solución para evitar que los jóvenes fueran seducidos por el dinero del crimen organizado, un acto de justicia social frente al malvado “neoliberalismo” que no creaba empleos suficientes, y una oportunidad para que los jóvenes se insertarán de golpe a la economía formal, el tiempo ha desmentido todas esas narrativas.

EL pasado 2 de octubre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) anunció “una pausa” del programa estrella. El escueto comunicado no dio pistas sobre la verdadera razón. El equipo de comunicación de la dependencia se limitó a insistir en que la suspensión temporal de nuevas vinculaciones obedeció a “una estrategia de focalización” y “ajustes operativos de fin de año”.

La reacción no se hizo esperar con un nutrido contingente de comentaristas señalando que la “verdadera” causa de esta suspensión era que el gobierno “está en quiebra” y por lo tanto inhabilitado para seguir con el programa. Hay quién ya ve causalidad entre la suspensión del programa estrella y el denominado “predialazo”, un gobierno en quiebra busca exprimir al contribuyente hasta las lágrimas.

Sin embargo, un análisis más sereno de la evidencia disponible, auditorías federales, denuncias ciudadanas y reportes periodísticos desde territorio nos muestra que la causa de fondo es políticamente mucho más incómoda para el gobierno. Toda vez que la corrupción detectada en el día a día del programa en múltiples entidades federativas alcanzó niveles insostenibles.

La suspensión no es un acto administrativo rutinario, sino una reacción obligada ante el deterioro estructural que ya no puede ignorarse. El tamaño de los focos rojos detectados en la forma de llevar el programa es tan grave que rebasó cualquier apelación a los principios de la 4T.

Morelos es el epicentro del colapso operativo

El pequeño estado colindante con la Ciudad de México es el ejemplo más claro de que la anunciada pausa administrativa surge de una necesidad de frenar prácticas fraudulentas. Resulta que en 18 de los 36 municipios del estado tuvieron que cerrar totalmente las nuevas vinculaciones. Un hecho sin precedentes en la historia del programa.

La razón resulta devastadora para la 4T, durante las verificaciones físicas de la STyPS se encontraron centros de trabajo cerrados, inexistentes o que nunca recibieron a los jóvenes inscritos, aprendices que nunca asistían al lugar de capacitación y otras irregularidades.

Que quede claro, no se trata de faltas administrativas menores. Estamos ante la evidencia de estructuras completas de simulación, en las que empresas y organizaciones registraban aprendices para cobrar la beca sin ofrecer capacitación real. Que detalles habrán registrado las autoridades laborales que la suspensión en Morelos fue tajante.
Ciudad de México, capital de los centros fantasmas.

La mal llamada “ciudad de los derechos” acumula el mayor número de reportes por “centros de trabajo fantasma”. Las alcaldías que concentran las denuncias verificadas por organizaciones civiles y medios de comunicación son Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco. Entre los hallazgos más bizarros destaca un centro registrado como “Escuela de Baloncesto Integral” que resultó ser un parque público. Otros domicilios correspondieron a lotes baldíos o simples casas particulares sin la actividad económica registrada.

La capital del país, con toda su infraestructura institucional, no pudo evitar que miles de empresas inexistentes se registraran en la plataforma. Lo que pone en evidencia que no estamos ante un problema de presupuesto, sino ante un fraude masivo.

Nayarit y la negociación de moches.

En esta entidad federativa no sólo aparecieron los “centros fantasma”. Se han documentado pactos ilegales entre tutores y aprendices en los que los primeros exigían cobros (moches) para no obligar a los jóvenes a asistir a las capacitaciones. Estos tutores pedían entre el 10 y el 15 por ciento de la beca mensual. La práctica se volvió tan común que los propios beneficiarios comenzaron a denunciarla en redes sociales. No es casualidad que la delegación federal haya puesto al estado bajo vigilancia rigurosa. Bonita introducción de una nueva generación al mercado laboral.

Oaxaca innova con redes delictivas y robo de identidad.

Este caso destaca porque las autoridades descubrieron la existencia de redes delictivas organizadas dedicadas a “ordeñar” las tarjetas del programa. Cerca de 900 jóvenes fueron registrados con identidades robadas o prestadas, mientras que empresas fantasmas retenían las tarjetas o les exigían hasta la mitad de la beca.

Una operación de esta envergadura no surge espontáneamente. La logística, la coordinación y la complicidad local implica la existencia una red que califica de criminal. En Oaxaca no se sostiene la premisa de “un ajuste administrativo” con tales evidencias de fraude sistemático en regiones completas. La inteligencia zapoteca al servicio del chanchullo. Valga manera de innovar.

Los patrones de desfalco de recursos públicos no son anecdóticos, ya que son mecanismos delictivos repetidos en distintas entidades federativas. Estamos ante un problema estructural que trasciende el ámbito local. Y como no cuando hay una bolsa del orden de 25,173 mdp asignados al “programa estrella”. Pero esta política pública, elevada a a derecho constitucional para nuestros jóvenes, desciende al lodazal de prácticas fraudulentas sin controles operativos y territoriales reales.

La evidencia es clara y consistente. La suspensión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no se debe a falta de recursos, sino a la magnitud del fraude detectado en su operación territorial.

Ciudad de México, Morelos y Nayarit, todos gobernados por MORENA, no son excepciones sino síntomas de un problema nacional. La pausa del programa es un reconocimiento implícito de que el modelo de supervisión falló dramáticamente y que la corrupción nunca se fue y ahora dirige la estructura operativa de vaya usted a saber cuantos programas gubernamentales más. Así, la narrativa presupuestal se presta a cortina de humo, porque la causa real es aquello que el 1° de diciembre de 2018 se juró desterrar.

SAGRADAS ESCRITURAS: Proverbios 22:22-23

“No abuses del pobre porque es pobre, ni oprimas en los tribunales al indefenso, porque el Señor defenderá su causa y despojará de la vida a quienes los despojen.”