El Mar de Cortés, entre gas y negocios

José Luis Parra

El Mar de Cortés, considerado el acuario del mundo, podría convertirse en un gigantesco corredor gasero al servicio de empresas estadounidenses. Y en este negocio multimillonario los gobiernos federal y de Sonora parecen jugar a la papa caliente. Nadie quiere quedarse con la responsabilidad de haber facilitado terrenos y autorizaciones para un proyecto que enfrenta una creciente oposición ambiental.

El asunto tiene sus bemoles. Sobre todo porque las investigaciones periodísticas de EL PAÍS y N+ Focus documentaron la cesión de 90 hectáreas para la empresa Amigo LNG. De ellas, 54 corresponden a terrenos estatales en Guaymas, cuyo uso fue concedido en septiembre de 2022, cuando Alfonso Durazo ya despachaba como gobernador de Sonora.

Las otras 36 hectáreas de zona marítima fueron facilitadas por autoridades federales.
Negocio redondo. El gas saldrá de Texas, cruzará territorio mexicano y será enviado a los mercados asiáticos. México aportará territorio, infraestructura portuaria y los riesgos ambientales.

Y las ganancias, obviamente, serán asunto de los inversionistas.

Hasta aquí podría tratarse de un proyecto más de inversión extranjera, de esos que tanto presumen los gobiernos como prueba de confianza empresarial.

Lo malo es que el escenario no es cualquier terreno baldío.

Es el Golfo de California, uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta, santuario de ballenas, delfines y numerosas especies. Un patrimonio natural que, de concretarse estos megaproyectos, tendría que convivir con buques metaneros, instalaciones industriales y emisiones contaminantes.

Amigo LNG proyecta emitir 1.9 millones de toneladas de dióxido de carbono al año. Y no está sola. Saguaro Energía y Cosalá LNG también buscan participar en este corredor energético.

Obviamente, la inversión extranjera es bienvenida. Pero hay una diferencia entre impulsar el desarrollo económico y comprometer recursos naturales cuya recuperación podría resultar imposible.

Ahora bien, lo interesante está en el deslinde político.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto no corresponde a su administración y remitió sus antecedentes al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Pero resulta que la Manifestación de Impacto Ambiental fue presentada en noviembre de 2025 y aprobada en abril de 2026. Es decir, durante el gobierno de la propia presidenta. Así lo confirma la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

Y para complicar más las cosas, un juez federal suspendió los efectos de esa autorización mientras se resuelve un juicio de amparo.

Son otros datos.

En Sonora, Alfonso Durazo tampoco parece muy dispuesto a cargar con el paquete.

Después de que N+ Focus revelara el contrato de comodato firmado en 2022 con Amigo LNG, el gobernador aclaró que el terreno fue donado a la Secretaría de Marina en diciembre de 2025.

El detalle es que esa donación posterior no explica por sí sola el convenio firmado tres años antes.

Y, según la investigación periodística, la Marina señaló que no fue informada de aquel compromiso previo con la empresa.

Pequeño olvido administrativo.

Más curioso todavía: el contrato primero fue declarado inexistente y posteriormente reservado por las autoridades estatales.

Cinco años bajo llave.
Qué extraño concepto de transparencia.

Aquí cabría preguntar quién autorizó el comodato, bajo qué condiciones legales, cuáles serían los beneficios concretos para Sonora y por qué un documento relacionado con bienes públicos terminó convertido en secreto gubernamental.

Porque hay otra diferencia importante: una cosa es donar terrenos a la Secretaría de Marina para modernizar el puerto de Guaymas y otra muy distinta es haber concedido previamente el uso de parte de esos terrenos a una empresa privada.

Ambas operaciones necesitan explicaciones. Con documentos, no con discursos.

Y tampoco debe perderse de vista el factor económico. Los promotores hablan de inversiones multimillonarias, empleos y desarrollo regional. Argumentos que merecen analizarse, pero también contrastarse con los costos ambientales y los beneficios reales para las comunidades.

No se trata de satanizar las inversiones ni de convertir al Mar de Cortés en un museo intocable.

Se trata de saber quién gana, quién pierde y quién asumirá las consecuencias si las cosas salen mal.

Por lo pronto, los gobiernos federal y estatal tienen un problema que no se resolverá aventándose mutuamente las responsabilidades.

Los contratos tienen fechas. Las autorizaciones llevan firmas. Y los documentos, aunque los escondan cinco años, dejan huella.

El Mar de Cortés no puede defenderse solo.

Y mientras los gobernantes buscan a quién endosarle la factura política, las empresas continúan defendiendo sus inversiones.

Al final, la pregunta no es únicamente quién autorizó el megaproyecto gasero.

Es quién responderá si el negocio termina siendo extraordinario para los inversionistas y desastroso para el acuario del mundo.

Porque el gas se exporta.

El daño ambiental se queda.

Y las responsabilidades, aunque intenten esconderlas bajo el agua, algún día salen a flote.