La verdad bajo sospecha

José Luis Parra

Hay dos noticias que, vistas por separado, podrían parecer asuntos distintos, pero juntas ofrecen una preocupante radiografía del poder y sus tentaciones de controlar lo que se dice, se publica y se piensa.

La primera: Morena pretende que una cobertura periodística considerada indebida pueda convertirse en causal para anular elecciones.

La segunda: el Gobierno del Estado de México anuncia que pondrá bajo vigilancia la publicidad engañosa, especialmente la difundida en plataformas digitales e incluso por los llamados influencers, cuando represente riesgos para la salud.

¡Vaya coincidencia!

Por un lado, los políticos quieren determinar cuándo una información periodística influye indebidamente en los electores. Por el otro, un gobierno pretende combatir mensajes comerciales que engañan a los consumidores.

En principio, ambas preocupaciones podrían tener justificación. Nadie está obligado a defender la propaganda disfrazada de noticia ni mucho menos la venta de productos milagrosos que ponen en peligro la salud.

Pero aquí viene el pequeño detalle.

¿Y quién vigila las mentiras de los políticos?

Porque si de publicidad engañosa hablamos, difícilmente habrá competencia para las campañas electorales, donde abundan promesas extraordinarias, soluciones mágicas y candidatos que ofrecen transformar la realidad con la misma facilidad con que después encuentran culpables de sus fracasos.

Y si hablamos de salud, ni se diga.

¿Cuántas veces se ha ofrecido atención médica de primer mundo, medicamentos suficientes, hospitales dignos y servicios gratuitos que en la práctica terminan convertidos en largas filas, recetas sin surtir y pacientes esperando respuestas?

¿Eso no cuenta como publicidad engañosa?

Claro, siempre habrá una explicación oficial. Que faltó presupuesto, que las administraciones anteriores, que las circunstancias internacionales o que los adversarios exageran los problemas.

El catálogo de pretextos es prácticamente inagotable.

Pero volvamos al asunto electoral, que tiene ingredientes todavía más delicados.

El diputado morenista Víctor Hugo Lobo impulsa un predictamen de la Ley de los Medios de Impugnación en Materia Electoral que plantea considerar propaganda una cobertura informativa reiterada y sistemática cuando esté dirigida a influir en las preferencias ciudadanas.

Y bajo determinadas circunstancias, esa cobertura podría formar parte de las irregularidades capaces de provocar la nulidad de una elección.

¡Órale!

¿De veras pretenden que una elección pueda quedar bajo sospecha por la cobertura de los medios?

Porque precisamente las campañas electorales son terreno fértil para la confrontación, las denuncias, los escándalos, las revelaciones y, por supuesto, las mentiras de los propios candidatos.

Ese es uno de los ingredientes que dan sabor a la competencia política.

¿O acaso esperan que los periodistas publiquen una noticia incómoda una sola vez para evitar que alguien la considere reiterada?

El problema no es combatir la propaganda encubierta. El problema es que el predictamen no establece con suficiente claridad dónde termina el periodismo y dónde comienza esa supuesta cobertura indebida.

Y cuando la ley deja espacios para la interpretación, el poder suele encontrar la manera de acomodarlos a sus intereses.

Curiosamente, la misma propuesta establece que entrevistas, opiniones, editoriales y análisis no deben ser objeto de censura judicial cuando expresen las creencias de sus autores.

Una mano ofrece garantías y la otra deja abierta la puerta a los cuestionamientos.

Bonita manera de proteger la libertad de expresión.

Por supuesto, hablamos de un proyecto legislativo, no de una disposición aprobada. Además, la nulidad electoral requiere acreditar irregularidades graves, dolosas y determinantes. Pero eso no elimina la preocupación por la ambigüedad con que se pretende definir la cobertura informativa indebida.

Y mientras eso sucede en el Congreso, en el Estado de México, gobernado por Delfina Gómez, se instaló un Consejo Consultivo de la Publicidad para analizar mensajes engañosos relacionados con productos, medicamentos y servicios que pudieran afectar la salud.

Hay que precisar que se trata de un organismo de análisis y propuestas, no del anuncio de nuevas sanciones contra medios o creadores de contenido.

La intención sanitaria puede ser legítima y necesaria.

Pero también sería saludable que los gobiernos aplicaran a sus propios mensajes oficiales el rigor que exigen a los particulares.

Porque las falsedades no dejan de serlo cuando se pronuncian desde un podio gubernamental, aparecen en espectaculares de campaña o se repiten hasta el cansancio durante una conferencia de prensa.

Y mucho menos cuando pretenden disfrazar deficiencias en servicios públicos que afectan directamente a la población.

La información no debería estar al servicio de los gobernantes ni de sus adversarios, sino de la sociedad.

Ahí está el verdadero desafío.

No se trata de conceder licencia para mentir a periodistas, candidatos, empresarios o influencers.

Se trata de evitar que quienes tienen el poder se conviertan también en jueces de la verdad, especialmente cuando ellos mismos son protagonistas de tantas promesas incumplidas.

Porque cuando un político quiere decidir qué información es indebida, pero reserva para sí el derecho de justificar cualquier fracaso, la democracia tiene motivos para preocuparse.

Y si de combatir la publicidad engañosa se trata, bien podrían empezar por revisar los discursos de campaña.

Material encontrarían de sobra.

La libertad de expresión no puede depender de qué tan cómoda resulte una noticia para el gobierno en turno.

Tampoco la verdad puede tener distintos criterios según provenga de un medio, una red social o un funcionario público.

Y en cuestión de elecciones, sería conveniente recordar que la voluntad ciudadana se defiende con reglas claras, no con interpretaciones que mañana puedan servir para desconocer resultados incómodos.

Por cierto, si los discursos políticos tuvieran que cumplir las mismas exigencias de veracidad que la publicidad sanitaria, más de un candidato necesitaría colocar una advertencia debajo de sus promesas.

Algo así como:

Este mensaje puede generar falsas expectativas. Su cumplimiento no está garantizado.

Y hasta aquí, porque el tema da para mucho más.