POR FERNANDO PESCADOR GUZMÁN.
Hablar de seguridad fronteriza en México es evocar escenas de patrullajes, retenes y operativos de dimensiones espectaculares. Esa imagen está cambiando ante nuestros ojos en tiempo real ante una realidad marcada por la tecnología. La operación binacional “Águila Alta” revela un cambio profundo en la manera en grupos de la delincuencia organizada adoptan nuevas formas de operar y los desafíos al Estado Mexicano que ello implica.
La tendencia en los últimos años es que los cárteles utilizan drones no solo para vigilar su territorio, practica comúnmente llamada “halconeo”. La tecnología está permitiendo un tránsito del espionaje hacia funciones logísticas de avanzada. Los drones se han convertido en piezas clave para coordinar rutas de trasiego de drogas y tráfico de personas, monitoreo en tiempo de real de los movimientos de las fuerzas de seguridad y mayor seguridad para sus operaciones ilícitas fluyan sin interrupciones. No se trata de drones militares ni aparatos sofisticados. Se trata de dispositivos comerciales, ligeros, con modificaciones mínimas que les permiten evadir radares y operar con gran discrecionalidad. Todo ello otorgando una ventaja táctica enorme.
La región de Tijuana-San Diego, de por sí históricamente compleja, se ha convertido en el escenario de una escalada tecnológica entre grupos criminales y gobiernos. A la par que los grupos delictivos emplean drones con características que dificultan su detección, las autoridades de ambos lados de la frontera están recurriendo cada frecuencia creciente al uso de inhibidores de señal y sistemas de energía teledirigida. Es una carrera armamentística en la que la delantera la están ocupando los delincuentes.
La realidad sobre el territorio incentivó el desarrollo de la operación binacional “Águila Alta”. El esfuerzo coordinado entre México y Estados Unidos para neutralizar drones, detener operadores y reforzar la vigilancia área y terrestre brindó frutos. Los resultados oficiales arrojan cinco drones inhabilitados y un operador detenido vinculado a operaciones de tráfico de personas. La modesta cifra esconde una tendencia preocupante porque evidencia la realidad del fenómeno y tendencia creciente, lo que requiere de una atención continua.
Precisamente en este punto de la sofisticación criminal nos encontramos con un efecto comunicacional relevante. La conversación pública se ha distorsionado cuando en redes sociales se topa uno con narrativas que aseguran que la operación “Águila Alta” se habría suspendido como reacción del régimen mexicano ante el discurso del presidente Trump en la ONU cuando calificó nuestro país como “epicentro de la violencia de los cárteles”. Sin embargo, la honestidad intelectual nos obliga a señalar que la operación binacional concluyó “sus actividades operativas de manera ordinaria y según lo previsto el lunes 21 de septiembre”. Es decir, el discurso ocurrió un día después. No hubo represalia, no hubo repliegue, no hubo tensión diplomática.
¿Por qué entonces tanta gente cree lo contrario? Porque la desinformación se mueve más rápido que los hechos. Porque en redes sociales, la narrativa política suele pesar más que los datos. Y porque existe una tendencia creciente a interpretar cualquier acción del Estado mexicano como reacción a presiones externas, especialmente cuando provienen de Washington.
Este fenómeno es peligroso por dos razones. Primero, porque debilita la confianza pública en las instituciones mexicanas, que ya de por sí enfrentan un progresivo déficit de credibilidad. Segundo, porque distrae del verdadero problema que es la creciente capacidad del crimen organizado para adaptarse tecnológicamente y operar con herramientas que hace apenas unos años parecían exclusivas de fuerzas armadas.
La cobertura mediática más seria se ha enfocado en la necesidad de actualizar el marco legal mexicano para sancionar el uso del espacio aéreo con fines delictivos. Y tienen razón. México no puede enfrentar drones criminales con leyes pensadas para otro tipo de amenazas. Se requiere una regulación moderna, clara y con dientes, que permita perseguir penalmente a quienes empleen estos dispositivos para facilitar delitos.
Claro que la ley, a secas, no basta. El Estado mexicano necesita invertir en tecnología, capacitación y cooperación internacional. La operación “Águila Alta” demuestra que la coordinación con Estados Unidos es indispensable, especialmente cuando los drones cruzan fronteras en segundos. La seguridad aérea ya no es un asunto local sino un desafío compartido.
También es necesario que la ciudadanía comprenda la dimensión del problema. Los drones criminales no son un tema futurista ni anecdótico. Son herramientas que ya están en uso, que ya afectan la seguridad nacional. Porque es con esta tecnología que se ataca indiscriminadamente a poblaciones civiles en la sierra de Guerrero y Michoacán, así como a las fuerzas de seguridad. La amenaza es tan real que ya obligan a las fuerzas armadas a modificar sus tácticas. Minimizar su impacto o reducir la discusión a chismes políticos solo beneficia a quienes operan en la sombra.
Por su parte, la frontera norte es un laboratorio donde se prueba el futuro de la seguridad pública en México. Lo que hoy ocurre en Tijuana–San Diego podría replicarse en otras regiones del interior de nuestro país si no se actúa con rapidez. Los cárteles han demostrado una y otra vez que adoptan tecnología con mayor celeridad que el Estado. Si ya usan drones para vigilancia y logística, ¿qué impediría que en unos años los empleen para transportar cargas más pesadas, interferir comunicaciones o incluso realizar ataques más sofisticados?
Aquí aplica un principio de defensa nacional, la respuesta del Estado debe ser proporcional al riesgo. Por proporcional se debe entender inversión, coordinación, legislación y comunicación pronta y clara. Significa también combatir la desinformación que confunde a la ciudadanía y debilita la percepción de eficacia institucional.
En última instancia, la discusión sobre drones criminales no es solo un debate técnico. Es un espejo que muestra la vulnerabilidad del país ante amenazas que evolucionan más rápido que nuestras políticas públicas. Es un recordatorio de que la seguridad nacional ya no se juega solo en tierra, sino también en el aire, en el espacio digital y en la opinión pública.
SAGRADAS ESCRITURAS: Jeremías 39:1-7
En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron… Al verlos, Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros; y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió, y alcanzaron a Sedequías en la llanura de Jericó. Lo apresaron y lo hicieron subir a Ribla, en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia.
