I
POR FERNANDO PESCADOR GUZMAN.
Los homicidios dolosos, en su mayoría a manos de células del crimen organizado, es un factor de inseguridad que aqueja gravemente a nuestro país.
Estadísticas comparativas publicadas por TResearch con cifras publicadas el 23 de junio arroja un total de 495,845 homicidios de 2006 a 2025, ello sin meternos al tema de la “cifra negra” o eventos no denunciados. Casi medio millón de personas han fallecido por acción criminal en la que rifles de asalto y pistolas de alto poder han sido las herramientas de esta hecatombe social.
El portal “Índice de paz México” publicó una tabla [1] en donde calcula que durante el período 2018 a 2023, 2,638 elementos pertenecientes a fuerzas de seguridad fueron ultimados por criminales. Tomando como base a TResearch es posible calcular que sólo el 1.04% de víctimas son policías. Esta evidencia sugiere que la “guerra del narco” es entre cárteles rivales y no entre la criminalidad y el Estado Mexicano. Pero ese es otro debate.
El daño en vidas humanas que está sufriendo nuestro país es aparatoso. La administración AMLO decidió tomar cartas en el asunto.
El 4 de agosto 2021, el gobierno de México, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, presentó una demanda civil en una corte federal de Boston en contra de 11 empresas fabricantes y distribuidoras de armas. El litigio acusa a estas manufactureras de “prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilícito hacia México”. Se trata de un movimiento inusitado en la historia de la diplomacia mexicana.
Poco más de un año después, el 30 de septiembre 2022, el juez Dennis Saylor emitió una resolución en la desestimó la demanda, argumentando que las empresas “gozan de inmunidad bajo la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA)”. Esta decisión fue impugnada inmediatamente.
El 22 de enero 2024 México obtiene una decisión por parte de una corte de apelaciones revirtiendo al juez Saylor. Es la primera vez en la historia que un gobierno extranjero supera la inmunidad de estas empresas bajo la PLCAA.
El juez Saylor, el 7 de agosto 2024determina que seis de las empresas no pueden ser juzgadas en Massachusetts, pero permite que el caso continúe contra Smith & Wesson y Witmer Public Safety Group.
El asunto escala a la Suprema Corte de EE. UU, que rechaza 6 de junio 2025 revisar el caso, cerrando la vía judicial. Resulta de interés conocer que la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) sometió un escrito legal bajo la figura de amicus curiae. Los argumentos de esta organización que tiene 3.8 millones de personas en 2023, fueron, entre otros:
México busca llevar a la quiebra a la industria estadounidense de armas de fuego al responsabilizar a los fabricantes de armas de fuego estadounidenses por la violencia cometida por los cárteles de la droga mexicanos en México, a pesar de no alegar mala conducta afirmativa por parte de los fabricantes, intención de los fabricantes de facilitar la violencia o un nexo concreto entre los fabricantes y los cárteles. Brief of the National Rifle Association of America and Independence Institute as Amici Curiae in Support of Petitioners, p. 5
El problema de homicidios en México se deriva de una cultura de impunidad criminal en el sistema legal y de una cultura de asesinatos extrajudiciales por parte de los militares. (Op cit, p. 22)
Podrá uno objetar estos argumentos, el punto es que la Corte Suprema de Estados Unidos los tomó por buenos.
Concluida la demanda en contra de las manufactureras, el 5 de junio 2025, se dio a conocer que el gobierno de México había demandado a cinco comerciantes establecidos en Arizona. La demanda incluye ventas específicas de armas de fuego recuperadas en México [2].
Este punto reviste de importancia estratégica ya que sólo pudo ser posible gracias a la cooperación bilateral entre la FGR mexicana y la ATF estadounidense. A través del programa eTrace, armas de asalto recuperadas por las autoridades de cualquier país pueden solicitar a la ATF el rastreo del arma utilizando números de serie o componentes específicos para determinar si fue producida en EUA, si fue legalmente importada de un tercer país y en que parte del territorio estadounidense fue vendida al público.
Cifras oficiales de la ATF [3] para la categoría de armas “manufacturadas en EUA” o “Importadas a EUA” para el período 2018 – 2023 arroja un total de 106,283 piezas incautadas en México. Suficiente para organizar un ejército y eso que no tomé en cuenta las armas que, de acuerdo con la propia ATF, tienen un origen distinto al norteamericano, y el hecho que no todas las armas incautadas por las autoridades mexicanas son sometidas al rastreo de la ATF.
El escrito de la NRA mencionado arriba, de hecho, establece que “El mercado negro de México es un auténtico bazar de armas, con granadas de fragmentación de Corea del Sur, AK-47 de China y lanzacohetes portátiles de España, Israel y fabricantes del antiguo bloque soviético.” Jeunesse & Lott, supra. Muchas armas de fuego provienen de organizaciones criminales rusas que trafican activamente drogas y armas en México. Id.” (p. 18 – 19).
II
El empoderamiento criminal que implica tener una capacidad de fuego a la par de un ejército formal han permito a estas células criminales, a lo largo y ancho de la geografía nacional, poner en marcha dinámicas criminales de alto impacto como robo y extorsión a comerciantes y transportistas, llegando en incluso en algunas zonas a condicionar servicios públicos como el acceso a Internet y la venta de la tortilla. El sometimiento de poblaciones enteras en las zonas serranas de Guerrero y Chiapas vienen a la mente.
Factores objetivos como lo son una débil presencia institucional y una geografía accidentada, resultan propicios para la eficaz intimidación vía amenazas y ataques directos a cualquier autoridad o civil que intente resistir. Es así que los gobiernos municipales están bajo constante asedio sin que, al parecer, ninguna autoridad haya encontrado políticas gubernamentales factibles para revertir la situación.
El término “captura de instituciones” se originó con análisis politológicos para describir la forma en que en los grupos de interés en las democracias avanzadas se hacían del control del gobierno de manera informal y subrepticia. En México el mismo termino se ha venido aplicando en el área de seguridad nacional para describir el mismo proceso, pero a manos de grupos criminales.
Un listado informal pero sustentado [4] advierte para el período 2006 a 2024 un total de 192 víctimas de personal político (95, 2006 – 2012; 40, 2012 -2018; 56, 2018 – 2024; 1, 2024 – 2030) como resultado de la actividad del crimen organizado. El personal político incluye a presidentes municipales, funcionarios, candidatos, de todos los partidos incluyendo MORENA.
Este contexto explica la actitud del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez quien abiertamente está desafiando a los grupos criminales que asolan la región. Se trata del mismo funcionario que el pasado mes de mayo instruyó “públicamente a la policía de Uruapan a abatir a delincuentes armados” [5].
¿Cómo juzgar este llamado cuando en octubre 2024 el alcalde de Chilpancingo, Guerrero, fue interceptado tras una gira de trabajo y decapitado por un grupo criminal activo en esa región? ¿Qué pensar cuando el presidente municipal de la capital de una entidad federativa de 350 mil habitantes, cruzada por una de las carreteras federales más transitadas del país, es eliminado como si hubiera sido un individuo anónimo en algún punto remoto y poco accesible de la Sierra Madre? La precariedad institucional habla por sí sola.
La CPEUM prescribe en su artículo 115 que las entidades federativas tendrán “como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre”. La violencia criminal dirigida a la base fundamental de organización política no puede minimizarse. No es que se trate de un desafío ideológico al Estado Mexicano, pero si una situación de facto que pone en serios aprietos la legitimidad de las instituciones de gobierno en franjas cada vez más amplias de la geografía nacional.
Es por ello que todos los esfuerzos para desarmar a las células criminales deben ser apoyados y agotados hasta sus últimas consecuencias. Lo que no implica una política de “exterminio”, si no estrategias institucionales que efectivamente limiten el flujo de armas para debilitar la capacidad de fuerza de los criminales.
Desafortunadamente la violencia criminal en México prevalece a pesar de los intentos informativos de algunos sectores del gobierno por desviar la atención o minimizar la situación. Lo que no necesariamente se traduce en que la ausencia de preocupación al respecto. Es una preocupación estratégica que se nota en la premura para convocar el actual período extraordinario del H. Congreso de la Unión y el sentido del paquete de reformas en materia de seguridad.
Tema que abordaremos en una próxima entrega.
Sagradas Escrituras.
Sobre la CURP biométrica. “Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre.” [Apocalipsis 13.16-17]
Citas:
[1] https://www.indicedepazmexico.org/violencia-contra-policas
[2] https://azcapitoltimes.com/news/2025/06/05/mexico-presses-forward-with-arizona-gun-dealer-lawsuit-despite-scotus-ruling/
[3] https://www.atf.gov/resource-center/firearms-trace-data-mexico-2018-2023
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_politicians_killed_in_the_Mexican_drug_war
[5] https://www.infobae.com/mexico/2025/05/22/el-es-carlos-manzo-el-alcalde-que-pidio-usar-la-fuerza-letal-contra-el-narco-en-uruapan/
